La iniciativa pretende crear un nuevo consejo de la educación universitaria pública, con un representante de Conare y cuatro del Gobierno
Elimina la Comisión de enlace y crea un nuevo mecanismo de financiamiento universitario, cambiando la naturaleza del FEES
26 de Enero 2023
. Autor/a:
Irina Grajales Navarrete
Los Rectores de las cinco universidades públicas fueron convocados este martes por los diputados de la Comisión Especial de Educación, con el fin de que dieran a conocer su posición sobre el expediente N. 23 380, Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior.
A los Rectores se les dio 20 minutos para defender su posición, ahí iniciaron asegurando que este proyecto violentaba de manera expresa cuatro artículos de la Constitución Política de Costa Rica:
1. Artículo 78, el cual señala que el presupuesto de la educación pública debe ser del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); donde el 80% le corresponde al MEP y el 20% a las universidades públicas.
2. Artículo 84,que otorga a las universidades la autonomía de organización, administración, gobierno y económica, dotándolas de patrimonio propio.
3. Artículo 85, que eleva al FEES al rango institucional y Planes. Este último es la organización estratégica que desarrollan las universidades y que tienen una correlación directa con el FEES.
4. Artículo 87, que hace referencia a la libertad de cátedra, la definición de planes y a la autonomía en el desarrollo de carreras.
Para el Rector del TEC, Jorge Chaves, “Es claro que este proyecto atenta contra la independencia de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado, su autonomía y su financiamiento (...). Pero además, estamos retrocediendo decenas de años, en la consolidación pública universitaria costarricense”.
Durante la audiencia, los rectores también le recordaron a los diputados el informe emitido por la Unidad de Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa, el cual señaló: este proyecto “vulnera la autonomía presupuestaria de las universidades y varios artículos presentan inconstitucionalidades”.
“Es claro y evidente que no solo los organismos internos sino externos concuerdan que este proyecto debe ser archivado”, indicó el presidente del Conare, Emanuel González, rector de la UTN, quien además agregó: “las universidades públicas no sólo formamos profesionales, sino que realizamos proyectos de investigación, extensión y vida estudiantil, todo al servicio del país”.
De igual manera, hicieron hincapié en el impacto que tienen las universidades, entre ellas: más de 2.100 investigaciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Este país invierte 7 mil millones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que representa 0.4% del PIB. Así no se va a desarrollar un país nunca. Entonces, ¿quiénes han venido desarrollando toda la investigación de Costa Rica?: ¡Las universidad públicas!”, puntualizó el Presidente de Conare.
El proyecto de Ley pretende crear un nuevo Consejo de la Educación Universitaria Pública, con un representante de Conare y cuatro del Gobierno; elimina la Comisión de enlace; crea un nuevo mecanismo de financiamiento universitario, cambiando la naturaleza del FEES, entre otros.
La audiencia se llevó a cabo el martes 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, determinado así por las Naciones Unidas.
A los Rectores se les dio 20 minutos para defender su posición, ahí iniciaron asegurando que este proyecto violentaba de manera expresa cuatro artículos de la Constitución Política de Costa Rica:
1. Artículo 78, el cual señala que el presupuesto de la educación pública debe ser del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); donde el 80% le corresponde al MEP y el 20% a las universidades públicas.
2. Artículo 84,que otorga a las universidades la autonomía de organización, administración, gobierno y económica, dotándolas de patrimonio propio.
3. Artículo 85, que eleva al FEES al rango institucional y Planes. Este último es la organización estratégica que desarrollan las universidades y que tienen una correlación directa con el FEES.
4. Artículo 87, que hace referencia a la libertad de cátedra, la definición de planes y a la autonomía en el desarrollo de carreras.
Para el Rector del TEC, Jorge Chaves, “Es claro que este proyecto atenta contra la independencia de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado, su autonomía y su financiamiento (...). Pero además, estamos retrocediendo decenas de años, en la consolidación pública universitaria costarricense”.
Durante la audiencia, los rectores también le recordaron a los diputados el informe emitido por la Unidad de Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa, el cual señaló: este proyecto “vulnera la autonomía presupuestaria de las universidades y varios artículos presentan inconstitucionalidades”.
“Es claro y evidente que no solo los organismos internos sino externos concuerdan que este proyecto debe ser archivado”, indicó el presidente del Conare, Emanuel González, rector de la UTN, quien además agregó: “las universidades públicas no sólo formamos profesionales, sino que realizamos proyectos de investigación, extensión y vida estudiantil, todo al servicio del país”.
De igual manera, hicieron hincapié en el impacto que tienen las universidades, entre ellas: más de 2.100 investigaciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Este país invierte 7 mil millones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que representa 0.4% del PIB. Así no se va a desarrollar un país nunca. Entonces, ¿quiénes han venido desarrollando toda la investigación de Costa Rica?: ¡Las universidad públicas!”, puntualizó el Presidente de Conare.
El proyecto de Ley pretende crear un nuevo Consejo de la Educación Universitaria Pública, con un representante de Conare y cuatro del Gobierno; elimina la Comisión de enlace; crea un nuevo mecanismo de financiamiento universitario, cambiando la naturaleza del FEES, entre otros.
La audiencia se llevó a cabo el martes 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, determinado así por las Naciones Unidas.
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