La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe

25 de Septiembre 2018
. Por: María Estrada
Simposio

El conocimiento es un derecho humano universal y un derecho colectivo
de los pueblos, un bien público social y común para la soberanía, buen vivir
y emancipación de nuestras sociedades, y para la construcción de la ciudadanía e
integración latinoamericana y caribeña”.
René Gómez Gallego, Coordinador

La Conferencia Regional contó con 7 simposios, entre ellos los titulados “La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe”, se extiende un resumen del simposio que enmarca el quehacer de a ciencia y la tecnología y el compromiso a atender en los 10 años venideros para la mejora de la Comunidad Nacional y de la región Latinoamericana y del Caribe.

El simposio tuvo de base las afirmaciones y compromisos internacionales tales como:

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, artículo 27) se afirma “el derecho de todos a participar y beneficiarse del progreso científico, y estar protegidos del mal uso de la ciencia. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés) impulsado por la ONU en 1966, también se establece que la ciencia es uno de los derechos humanos. Más tarde, en la recomendación relativa a la Situación de los Investigadores Científicos de la UNESCO de 1974 (artículo 4), se sostiene que todos los avances en el conocimiento científico y tecnológico deben estar destinados únicamente a asegurar el bienestar de los ciudadanos del mundo, y se exhorta a los Estados miembros a que desarrollen el protocolo necesario y las políticas para vigilar y garantizar esos objetivos.”

La Declaración sobre el Uso del Conocimiento Científico de la UNESCO de 1999 se establece que: “Hoy, más que nunca, la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el desarrollo. Todos los niveles de gobierno y el sector privado deberían brindar mayor apoyo para construir una capacidad científica y tecnológica adecuada y equitativamente distribuida a través de programas apropiados de educación e investigación como una base indispensable para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental sólido. Esto es particularmente urgente para los países en desarrollo”. Declaración sobre el Uso del Conocimiento Científico de la UNESCO, 1999, art. 33).

“En la actualidad la UNESCO está explorando cómo encajar en las legislaciones el derecho a la ciencia a través de dos organismos asesores conformados por expertos independientes: la Comisión Internacional de Bioética (CIB) y la Comisión Mundial sobre la Ética del Conocimiento Científico y Tecnológico (COMEST, por sus siglas en inglés).

En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 la CIB demanda el acceso universal a los progresos en el área de la salud, la tecnología de diagnóstico y de tratamiento, y la información científica.

El informe “Implicancias éticas del cambio climático” de 2010, la COMEST dictaminó que el acceso a la información científica es un derecho humano y por ello los países desarrollados deben cumplir un compromiso ético de transferir esta información para aumentar las capacidades de los países menos desarrollados a afrontar los estragos del cambio climático.”

Se contaba con un documento base para la discusión, cuyos objetivos y lineamientos estratégicos eran:

  1. Replantear la función social de la ciencia y los conocimientos para garantizar la sustentabilidad, la paz, preservar la diversidad cultural, la democracia, la convivencia humana y la reproducción de la vida.
     
  2. Generar conocimientos y democratizar su acceso, uso y aprovechamiento como recursos comunes y bienes públicos.
     
  3. Promover el desarrollo tecnológico, la investigación científica responsable y la construcción de redes de conocimiento interinstitucionales, con enfoques trans e interdisciplinarios, garantizando la calidad y el rigor teórico-metodológico.
     
  4. Desarrollar ecosistemas de innovación socio-técnica, apalancados en la transferencia de tecnología, la desagregación tecnológica y el cierre de brechas cognitivas.
     
  5. Recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes.
     
  6. Generar nuevos procesos de evaluación de la producción y difusión de los conocimientos, con estándares de pertinencia.
     
  7. Impulsar una gestión de los conocimientos, orientada a la construcción soberana, libre y colaborativa de la ciencia, con el objetivo de la realización de la ciudadanía regional y la integración latinoamericana y caribeña.
     
  8. Fomentar las capacidades, la vocación científica y la cultura de innovación entre niños, niñas y jóvenes de la región.
     
  9. Garantizar equidad de género, étnica-racial, de pueblos y nacionalidades, tanto en el acceso al sistema de ciencia, tecnología e innovación, como en la participación efectiva en la generación de conocimientos, evitando todo tipo de discriminación, tales como religiosas, políticas y otras.
     
  10. Potenciar los procesos de formación a nivel de posgrados orientados a la investigación científica y tecnológica en la región, con un enfoque de pertinencia social.
     
  11. Utilizar el sistema de propiedad intelectual, recuperando el sentido público y común de los conocimientos y las tecnologías, promoviendo su uso estratégico para el buen vivir de la ciudadanía latinoamericana y caribeña.

Estos fueron analizados y se fortalecieron tomando en cuenta que el diálogo de saberes debe ser plural e igualitario, que el acceso al conocimiento es un derecho y que la ciencia, la tecnología y las artes deben ser los pilares de la cooperación para el desarrollo de la región de una forma igualitario, equitativo y solidario.

Se discutió ampliamente sobre la necesidad de devolver a la región el conocimiento también brindando publicaciones en lenguas indígenas, latinas pues es el bien público en su gran mayoría, quienes aportan a la investigación, el conocimiento de las comunidades las que generan insumos para la innovación y la problemática local la base para los planteamientos de nuevos proyectos de investigación y extensión.

Las brechas sociales han aumentado y es a través de la cooperación académica regional que es viable potenciar la investigación, extensión y posgrados para la resolución de problemas de la Latinoamérica y el Caribe promoviendo además la investigación conjunta, oferta de posgrados regionales y la formación de capital humano científico, tecnológico y artístico.

Se analizó ampliamente sobre el fortalecimiento a la perspectiva de género en el simposio pues son las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación en la región, sin embargo, la brecha salarial es un tema que impacta a toda la población femenina de la región.

Para la optimización de los recursos se requiere fomentar las redes académicas, la movilidad de docentes, investigadores y estudiantes entre las instituciones, y promover que las universidades participen de forma pública y democrática en la definición de las prioridades del desarrollo científico y tecnológico de su país. 

Se indicó que se debe fomentar el acceso a los conocimientos abiertos y bienes culturales, a través de medios tales como bibliotecas y repositorios digitales abiertos, procurar el incremento del número de docentes con perfil de investigación y extensión capaces de promover dentro y fuera del aula la articulación de los sectores público, privado y comunitario así como estimular activamente la vinculación estrecha de los ámbitos de investigación científica y tecnológica con las realidades y problemas de la vida social (productiva, ecológica, educativa y cultural), para promover soluciones innovadoras y factibles. Sobre la extensión y acción social, pues se acordó que toda la actividad científica, tecnológica y artística debe asegurar la vinculación y construcción con la sociedad civil, donde se considere la presencia de la extensión y acción social dentro del ciclo de generación del conocimiento.

En temas de innovación se analizó la urgencia de impulsar el emprendimiento innovador, orientado hacia el cambio de las estructuras productivas, promover el desarrollo de innovaciones en sectores priorizados, para la resolución de problemas, satisfacción de necesidades de la población y aumento de la productividad, desarrollar y potenciar infraestructura básica de tecnología y de equipamiento científico, para la gestión y fomento de las innovaciones. Sin olvidarse de la necesidad de crear modelos financieros, públicos y privados, para el emprendimiento innovador.

La gran realidad es que se reconoce que si trabajando en conjunto, se pueden resolver problemas comunes de la región y así se invierten mejor los recursos en I+D+i y así permitir también la priorización en temas de las comunidades, es importante volver a ver a nuestros países y la región, aportando el conocimiento que muchas personas han generaron en otras latitudes. Costa Rica y el TEC en los indicadores regionales, se muestra como un país que atiende gran parte de los problemas de la región, sin embargo se debe invertir más en temas propios del país y procurar la incidencia de las universidades en las prioridades país, para procurar la modificación de la economía. 

“Mujeres y hombres del continente, miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.”

Presentada en la asamblea de la III Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del mes de junio de 2018.