La propuesta de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, presentada por el CONARE en la Comisión de Enlace, plantea un incremento del 2,94% basado en las proyecciones económicas del país a mediano plazo. No obstante, ante la decisión del Gobierno de levantar el proceso, su discusión podría trasladarse a la próxima Asamblea Legislativa de Costa Rica que asumirá funciones el 8 de mayo, sin que las Universidades Públicas descarten retomar la negociación en el corto plazo.
El CONARE propuso tomar como base el monto del FEES acordado para 2026, de ₡593.484.833.105, y aplicar un ajuste del 2,94% para el 2027. Además, planteó avanzar hacia un acuerdo de cuatro años, con revisiones anuales.
Asimismo, puso sobre la mesa analizar la posibilidad de recuperar el 2% no girado durante el ejercicio presupuestario de 2025 y las rectorías se comprometieron a destinar un 1% del incremento a becas y servicios estudiantiles.
La propuesta de CONARE se dio a conocer este martes 21 de abril durante la tercera reunión de negociación realizada en Casa Presidencial, en Zapote, sesión que inició a las 2:00 p.m. y reunió a autoridades del Poder Ejecutivo, de las Universidades Públicas y del sector estudiantil, en un contexto marcado por la preocupación ante la propuesta gubernamental de un 0% de aumento, y a la que se incorporaron a las 3:23 p.m. el presidente en ejercicio, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.
El rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente en ejercicio de CONARE, Jorge Herrera Murillo, reiteró que el fortalecimiento del FEES es indispensable para sostener y ampliar los logros alcanzados por las Universidades Públicas, particularmente en cobertura, regionalización, acceso equitativo y formación en áreas estratégicas como STEM.
Asimismo, recordó que en el acuerdo del año anterior firmado por todas las partes se estableció una convocatoria a la Comisión de Enlace para julio, por lo que esperan concretar ese espacio.
“Nosotros nos mantenemos en la mesa de negociación. Nosotros estamos dispuestos a seguir negociando. Lo que se hizo fue una primera propuesta como se hace en cualquier proceso de negociación, pero realmente lo que recibimos fue una falta de voluntad de parte del Poder Ejecutivo de establecer mecanismos de negociación”, agregó Herrera Murillo.
Por su parte, la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, mencionó que aún cuando el Gobierno haya decidido retirarse de la mesa de negociación, las universidades mantienen el compromiso de continuar este proceso
“Desde el Tecnológico de Costa Rica consideramos que el sistema universitario público debe avanzar de forma equilibrada, de manera que contribuya al desarrollo del país a través de las cinco universidades. Esto implica impulsar una redistribución gradual, sostenible y respetuosa. En contextos como el actual, reafirmamos que es precisamente cuando más se debe apostar por la educación pública, por su papel fundamental en el desarrollo, la competitividad y la generación de oportunidades para las presentes y futuras generaciones”, agregó.
Sin embargo, el Gobierno de la República, a través de la vocería del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, rechazó la propuesta y comunicó que de su parte, las negociaciones finalizaron.
¿En qué se basa la propuesta de CONARE?
La propuesta se fundamenta, además, en los resultados del reciente informe de cumplimiento de indicadores, que evidencian un alto desempeño institucional, con metas en su mayoría superadas y avances consolidados en inclusión, calidad académica, acreditación de carreras y vinculación con sectores productivos y sociales.
Otro de los argumentos de CONARE es que al analizar la evolución financiera entre 2019 y 2026, se evidencia que el crecimiento del FEES no ha sido suficiente para compensar el aumento en el costo de la vida. Mientras que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas creció un 10,69%, la inflación acumulada (IPC) en ese mismo periodo alcanzó un 13,43%, según las estimaciones a marzo de 2026.
Esta diferencia de 2,74 puntos porcentuales confirma que, aunque el monto nominal ha subido, la capacidad real de compra y operación de las instituciones de educación superior ha disminuido, dado que el incremento en los precios de bienes y servicios básicos ha superado con creces los ajustes presupuestarios otorgados.
El otro factor tiene que ver con el análisis de la relación entre el presupuesto universitario y la economía nacional, lo que revela un deterioro histórico: para el año 2026, la inversión del FEES representará únicamente el 1,09% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más baja registrada en los últimos 15 años.
Esta tendencia decreciente se ha mantenido de forma sostenida desde el 2017. En los últimos años, la tasa de crecimiento del FEES ha sido inferior a la del PIB. De mantenerse este rumbo, las Universidades Públicas advierten un riesgo inminente para su sostenibilidad financiera a corto y mediano plazo, lo que limitaría su capacidad para seguir impulsando el desarrollo social y económico de Costa Rica.
CONARE rechazó la propuesta de un incremento del 0% propuesta por el Gobierno, al señalar que el financiamiento de la educación superior es una responsabilidad compartida que debe ajustarse a la realidad económica del país.
Esta postura se fundamenta además en que los organismos internacionales y el Banco Central prevén una inflación positiva para 2026 y 2027, lo que hace necesario ajustar el FEES para no incumplir el mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de la moneda.
Además, destacaron que el país muestra avances sostenidos en sus finanzas públicas y que las universidades dependen de insumos internacionales, como equipos tecnológicos y reactivos, cuyos costos no dependen de la situación interna. Finalmente, reafirmaron que las instituciones de educación superior han cumplido con todos sus compromisos para impulsar el desarrollo nacional, justificando así la necesidad de una inversión justa.
Universidad Pública que cambia vidas
Para seguir avanzando, CONARE recordó que necesitan el financiamiento que lo hace posible y además mostró datos que respaldan su quehacer.
Cada vez más jóvenes eligen la Universidad Pública como su primera opción académica. Entre los años 2014 y 2024, la cantidad de nuevos ingresos aumentó de 16.800 a 24.100 estudiantes, lo que refleja un crecimiento sostenido del 4% anual. Gracias a esta tendencia, estudiantes de primer ingreso representan hoy el 20% de toda la matrícula universitaria.
Esto se refleja en un crecimiento sostenido en su matrícula, alcanzando actualmente una cifra que ronda los 120 mil estudiantes. Este avance refleja un aumento del 18,3% en el periodo comprendido entre 2014 y 2024, lo que representa un crecimiento promedio anual del 1,7%. En el 2025 la matrícula anualizada crece en 6,58 % en relación con el 2019.
Y el aumento en esa matrícula va acompañada del fortalecimiento de las becas socioeconómicas y apoyos estudiantiles, lo que ratifica el compromiso de las Universidades Públicas con atender a la población estudiantil vulnerabilizada, y facilitar las condiciones de permanencia para la culminación efectiva de su formación profesional. La inversión en becas pasó de ¢55.724,71 millones en 2019 a un estimado de ¢91.379,12 millones para el 2025, es decir, cerca de un 64% de aumento en la inversión en becas en ese periodo.
Además, las universidades siguen creciendo no solo en Docencia, sino también en Investigación y Extensión. Las Universidades Públicas han impulsado su impacto nacional con 3.026 proyectos de investigación, sumando más de mil nuevas iniciativas en el último año.
A esto se añaden 2.255 proyectos de acción social y extensión, lo que representa 737 adicionales respecto al 2024. Este crecimiento en ambas áreas asegura que el conocimiento universitario se conecte directamente con las necesidades reales de las comunidades y los sectores productivos del país.
La tercera reunión de negociación marca un punto de inflexión en el proceso tras el rechazo del Gobierno a la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), lo que traslada la discusión a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que asumirá funciones el próximo 8 de mayo y abre una nueva etapa en la búsqueda de acuerdos; las próximas decisiones serán determinantes para la viabilidad financiera y el alcance de la educación superior pública costarricense.
Cartera de proyectos
Dentro de su propuesta, CONARE propuso una cartera estratégica de proyectos país para el FEES 2027, basada en el papel de las universidades públicas como eje del conocimiento, la innovación y la formulación de políticas públicas, con una inversión orientada a capacidades estratégicas y alto impacto nacional.
La propuesta incluye cuatro proyectos principales:
- Cierre de brechas: busca fortalecer la movilidad social en zonas rurales y vulnerabilizadas mediante colegios científicos, nivelación académica y acciones contra la deserción escolar en alianza con el MEP.
- Ecosistema formativo para la empleabilidad: pretende reducir la brecha de talento con formación técnica en STEM, microcredenciales y un observatorio de empleabilidad.
- Inclusión económica de las mujeres: impulsa formación flexible, certificaciones y apoyo al emprendimiento para mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
- Innovación aplicada y sostenibilidad ambiental: promueve investigación y desarrollo fuera del GAM, con laboratorios de innovación y vigilancia tecnológica.
Para su implementación, se plantea un modelo de gobernanza basado en transparencia y corresponsabilidad, con tres niveles: dirección estratégica, equipos técnicos y comités territoriales.
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