Para los especialistas, primero no ha habido una buena cultura de ahorro para invertir, y mucho menos de mesura para no gastar más de lo necesario, y de visión a futuro que nos permitiera sanear las arcas del Estado costarricense.

Fue la sumatoria de diversos aspectos lo que infló las cifras de nuestra deuda pública. No aumentar nuestro Producto Interno Bruto a un ritmo adecuado, lo que por ende desencadenó otros detonantes como la falta de generación de empleo, de mejora competitiva; además, la falta de freno a los pluses salariales abusivos y a pensiones muy elevadas, para las que los beneficiarios no habían cotizado lo suficiente, así como ausencia de mano firme en la recaudación de impuestos, entre otros.

De manera que fueron medidas paliativas no curativas, como quien da una aspirina para aliviar una dolencia crónica mayor. Y lo que era sumamente necesario de asumir, dio cabida al miedo y a la indecisión, para convertirse en un tema de debate político, de amenaza sindical, de paro nacional, de incomodidad social a los que nadie quería enfrentarse, hasta ahora, desde la cama de cuidados intensivos para ver de dónde se comienza a darle fuerza y vigorosidad al “paciente”, para lograr sanarlo.

Las últimas administraciones, cada vez más, se han ido endeudando para cubrir el presupuesto del gobierno central, es decir, los ingresos tributarios cada vez alcanzan menos para cubrir dicho presupuesto, plantea Víctor Garro, profesor de la Escuela de  Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

A lo anterior se suma una evasión fiscal acumulada por años, donde se dejaba de pagar impuestos, utilizando un mecanismo no lícito; por ejemplo, una doble contabilidad para reportar menores ingresos de los reales. “Eso es un fraude fiscal”, añade Garro.

También se da la elusión fiscal, que es cuando por medio de una norma legal, un agente económico paga menos impuestos.

El proyecto de reforma fiscal básicamente consiste en 4 grandes elementos: el primero es aumentar los ingresos, “pero vemos acá que el grueso de los ingresos viene del impuesto de ventas y otros, pero el de ventas fue creado para una estructura económica basada en la agroindustria. Sin embargo, la estructura económica de Costa Rica ha venido evolucionando, de forma tal que ha pasado de ser una economía agroexportadora a una economía de servicios y esos servicios no los grava el impuesto de ventas. El segundo elemento tiene que ver con el empleo público, pues tenemos diferentes regímenes de empleo público; por ejemplo, en el sector público hay alrededor de 194 tipos de “pluses” salariales. Esto provoca que el mismo trabajo se pague diferente, lo cual es violatorio de la Constitución Política. Por esto, el proyecto viene a reformar eso para tratar de establecer un poco de equidad. Otro elemento es de la regla fiscal. ¿Qué es esto? Se trata de establecer, bajo ciertos parámetros, un nivel de deuda que el gobierno no debe superar; esto es una medida de carácter restrictivo. La literatura nos dice que la regla fiscal no funciona si no va acompañada de otras medidas”, menciona el especialista del TEC.

R.Pensis.- Hay quienes dicen que ya existe una regla fiscal, aquella que señala que el gobierno no se puede endeudar para pagar gastos corrientes, y sin embargo, desde hace muchas administraciones lo ha venido haciendo. ¿Pasará lo mismo con esta regla fiscal del proyecto?

R/VG.- Por los antecedentes, es probable que vuelva a pasar. Con este proyecto, además de empezar a poner la casa en orden, se manda un mensaje de que aquí hay gobernanza fiscal. El siguiente paso de esto es ir a endeudarse; el Gobierno tiene que cambiar la deuda por otra en mejores condiciones.

R.Pensis .-¿Qué es lo que necesitamos para solucionar esta situación?

R/ VG.- Primero, arreglar el asunto de las finanzas públicas; pero no es solamente por el lado de los ingresos, sino también por el lado del gasto, entonces ocupamos racionalizar el gasto, de forma tal que esté creciendo de acuerdo a las capacidades del gobierno. También tenemos que aumentar la eficiencia en el gasto público; eso es importantísimo.

R. Pensis .- ¿Están estos elementos incorporados en la propuesta aprobada?

R/ VG.- No. Porque esta propuesta requiere normas adicionales. Es un primer paso; hay que seguir. Pero, por ejemplo, la Constitución dice en su Artículo 11 que hay que evaluar para obtener resultados, entonces uno se pregunta: ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Por ejemplo, en el caso de la educación, cuánto gastamos en educación. Y si usted ve las encuestas de hogares del 2018, dicen que el 20% de los jefes de familia de la gente más pobre en el país con costos tiene el quinto grado de escuela. Entonces usted se pregunta cuál es la escolaridad promedio de los jefes de hogar, y difícilmente andará entre segundo y tercer año de colegio, con todo lo que se invierte. ¿Qué ocurre con los resultados de las pruebas Pisa? ¿Qué resultados están obteniendo los estudiantes de secundaria? O pregúntese cuánto se gasta en educación superior, pública y privada, y por qué es que algunas empresas prefieren estudiantes del TEC a otras universidades. Podemos seguir viendo ejemplos, pero el asunto es que hay que racionalizar el gasto. Ahora, en cuanto a las instituciones que tenemos, ¿son todas necesarias? ¿Es necesario el CNP? ¿Cumple algún papel?

R. Pensis .- Esa normativa adicional que hay que mover a nivel de la Asamblea Legislativa, ¿le parece que se pueda tener en un plazo razonablemente corto?

R/ VG .- No. Hay que tenerlo claro, esto es bastante difícil, porque requiere de consensos y mínimos de votos en la Asamblea.

R. Pensis .- Analistas dicen que este plan es progresivo y otros dicen que es regresivo, ¿cuál es su opinión?

R/ VG.- Lo que dice el Instituto de Investigaciones Económicas es que si se considera la devolución, el plan es progresivo, pero no basta con que las medidas sean progresivas o regresivas, hay que pensar en cuál es el efecto neto en el sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema genera empleo, eso es importante; también hay que entender la estructura del ingreso de esas familias, por ejemplo, entre el 10% y el 11% del ingreso familiar en este país, son subsidios.

“Es importante señalar que el plan de Hacienda no es para resolver el problema de una vez, sino ir solucionándolo de forma gradual de forma tal que en un año determinado lleguemos al equilibrio”, señala el profesor Víctor Garro, de la Escuela de Administración de Empresas del TEC.

Para el especialista, la reforma va a tender a mejorar, pero es necesario tratar de reducir el gasto, racionalizarlo, buscar más eficacia, más eficiencia, equiparar esquemas salariales del sector público, hacer más eficaz el sistema de compras, pues se calcula que un 4% se pierde en compras que son ineficaces.

De acuerdo con Sofía Guillén, economista, el déficit fiscal en el país es un problema que se ha venido arrastrando desde hace varias décadas. A excepción de un período muy corto en el medio, lo que tenemos es un problema estructural.

“Lamentablemente, el proyecto aprobado no logra solventar siquiera el déficit primario. Recordemos que el déficit fiscal es del 7% todo completo, incluyendo lo correspondiente a deuda, pero de eso lo que hay que cerrar de inmediato es el déficit primario, que anda cerca del 3.5% del PIB. ¿Por qué hay que cerrarlo ya? Porque de esa forma deja de crecer la deuda, y eso es lo que más urge. Eso debería ser el objetivo de una reforma fiscal en el corto plazo, pero esta reforma no tiene las características para lograrlo. Eso no lo digo yo, lo dice el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (Icefi), una entidad que los economistas consultamos mucho por su seriedad y dice que el Ministerio de Hacienda es demasiado optimista en cuanto a lo que espera recaudar y que además el sistema tributario será más regresivo. No pareciera en el panorama cercano que el déficit primario se logre cerrar. Moody's acaba de bajarle la calificación de riesgo a Costa Rica, la pasó a B1, que es un castigo bastante fuerte. Significa un país con altos niveles de riesgo, y de hecho la justificación que da es que no va a haber crecimiento económico, que no ve las condiciones para ellos y contabiliza también que la reforma es insuficiente”, menciona.

“Hay que recordar que el déficit primario es la diferencia entre los ingresos ordinarios del gobierno y sus gastos, sin tomar en cuenta la deuda y pago de intereses. Es el que se debería cerrar para que la deuda deje de crecer, sobre todo en condiciones en las que al país le prestan con tasas de interés cada vez más altas, dado su nivel de riesgo. Esos son los costos de un país que no soluciona su problema fiscal. Moody's estima que Costa Rica, para el año 2022, va a tener un 65% del PIB de deuda; eso es un montón, representa el 65% de toda la producción nacional y ellos estiman que será de ese tamaño, cosa que es insostenible en el mediano plazo”, añade.

Para la especialista en Economía, con los últimos cambios del proyecto de ley es muy posible que se incremente el nivel de ingresos por el impuesto al valor agregado, de los precios de más que se van a pagar en la canasta básica, los medicamentos y de los costos que ahora van a tener que asumir los agricultores en sus maquinarias e insumos agropecuarios.

“De manera que liquidez sí van a tener; la pregunta es: ¿de dónde viene esa liquidez? ¿Quién está pagando el déficit? Ese es el gran debate, porque la reforma fiscal no solo no logra arreglar el problema. Eso no lo digo yo, ahí está la calificación de Moody's, ahí está la declaración del Icefi. No solo no resuelve el problema, sino que además extrae recursos de sectores que son económicamente vulnerables. De hecho, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR hace un estudio en el cual determina que con la aplicación de los primeros dos capítulos, que son impuesto de ventas y renta, se espera que la pobreza aumente al menos en 18 mil personas. Es una reforma fiscal procíclica: si usted está en un bache económico, lo deja en el bache económico, no lo saca, no permite reactivación económica, porque más bien les extrae recursos a los agentes económicos, les reduce su capacidad de compra y además lo hace sobre los hogares más pobres de Costa Rica”, menciona Guillén.

En palabras de la economista, ahora una familia va a comprar menos con cien colones de lo que podía comprar antes de la reforma fiscal. “Si usted compra menos, hay menos plata circulando, quien produce tiene menos incentivos para producir, porque vende menos y eso es una cadena, que desincentiva la producción local; eso solo es un ejemplo con la canasta básica. Pero también hace derogatorias de programas sociales: en su capítulo 4, subcapítulo 7, hace derogatorias de programas sociales, congelándolos; eso significa que en el mediano plazo, esos programas sociales van a estar profundamente recargados, no van a poder cumplir con sus tareas ni abarcar a toda la población que lo necesita”.

“Entonces significa que no solo hay precios más altos, sino que hay menos ayuda social y menos programas sociales, y al mismo tiempo, también tendríamos que pensar qué sucede cuando a maestros y policías se les reduce la totalidad de su remuneración, que es lo que hace el capítulo de empleo público. ¿Qué pasa cuando una masa de trabajadores de 70 mil maestros gasta menos de repente? Que ahora no va a usar taxi tantas veces como antes, no puede pagarle a la señora que limpia o a la persona que le cuida los hijos… Todo lo que está alrededor de ellos, toda la economía, los sectores productivos, tendrán un impacto, porque hay menos dinero en la calle. ¿Qué hacen los países cuando tienen problemas económicos? Ponen a circular más plata en la calle, buscan que la gente tenga mejores condiciones y mejores salarios; usted no disminuye la capacidad de compra de los hogares para reactivar la economía, tiene que aumentarla, sin exagerar, porque tampoco uno quiere hiperinflación, nadie quiere una inflación disparada, pero hay que buscar el equilibrio. Lo que sí es cierto es que salarios hacia abajo no reactivan ningún país”, enfatiza.

Si bien para muchos la reforma tiene posiciones en ambos sentidos, progresiva y regresiva, según Guillén, después de una revisión de ese documento, “esos 4 capítulos en su integralidad son regresivos, a excepción del capítulo 2, que es el impuesto sobre la renta, porque sucede que el impuesto sobre la renta es por naturaleza progresivo. ¿Qué significa progresividad y regresividad? Un impuesto es progresivo cuando el que tiene más, paga más, y el que tiene menos, paga menos. El impuesto sobre la renta es por su naturaleza más progresivo, porque identifica la riqueza y así se aplica, pero el impuesto de ventas, ahora transformado al valor agregado, es un impuesto por naturaleza regresivo, pues no distingue riqueza, les cobra a todos el mismo porcentaje y eso en la práctica se traduce en un impacto más fuerte para el que menos tiene. ¿Por qué? Porque si por ejemplo Luis gana 100 y Juan gana 200, y los dos pagan 13 colones de impuesto, a Luis le pesa mucho más que a Juan; una vez que cada uno paga, a Luis le quedan 87 y a Juan 187, eso es regresividad.

“El déficit fiscal seguirá creciendo, porque no lo hemos solucionado y por ende podemos esperar más ajustes fiscales. Mientras no hagamos ajustes progresivos que ataquen las causas del déficit, seguiremos teniendo problemas”, Sofía Guillén, economista.

Y es que un gobierno con problemas financieros afecta a todo el mundo, sea del sector público o del sector privado, porque el gobierno es un actor de la economía, compra y vende servicios, entrega ayudas sociales a través de diversos programas como Avancemos y otros.

Además es un empleador. “En un país con un 10% de desempleo, donde hay 200 mil personas desempleadas, un empleador con una mala situación es una mala noticia, nos afecta a todos y la solución pasa por todos también”, añade Guillén.

Ella considera que los tomadores de decisiones deben reflexionar profundamente para lograr aprobar legislación contra la evasión fiscal. Hay 47 recomendaciones de la comisión que estudió los Panamá Papers, y solo 4 se incluyeron en la reforma fiscal aprobada y uno de ellos debilitado, que fue la norma de subcapitalización. Hay un trabajo pendiente enorme en cuanto a reactivación y evasión; esa es la mejor recomendación, indica.

Debemos actuar con mesura, valorar el trabajo y esperar que poco a poco la claridad vuelva a tocar nuestra economía.