Universidades públicas señalan riesgos e inconsistencias en proyecto de ley de empleo público
Foros y declaratoria del Conare resaltan escenarios complejos ante la posible implementación de ley en universidades
Con la propuesta de ley, las universidades tendrían limitada la posibilidad de escogencia de perfiles especiales que requieren centros de investigación, así como facultades o escuelas. Imagen ilustrativa. Archivo TEC.
Mediante dos foros realizados de forma virtual, con la presencia de representantes de las cinco universidades públicas que conforman el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se discutió y presentaron distintas afectaciones que el proyecto de ley de empleo público tendría para la educación superior.
“Queremos abordar con una amplitud crítica, un proyecto de ley que, sin duda, para las universidades en particular es una afrenta directa a su autonomía y sobre todo en el rumbo y concepción de la universidad pública que se ha desarrollado en los últimos 70 años”, señaló el presidente del Conare y rector de la Universidad de Nacional, Francisco González Alvarado.
El proyecto con el expediente 21.336: Ley Marco de Empleo Público, nació, por iniciativa del Poder Ejecutivo, en abril de 2019 y fue renovado con un nuevo texto en mayo de 2020. Se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa.
En el país, unas 270.000 personas son funcionarios públicos (14% de la fuerza de trabajo), según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020), por lo que el proyecto propone justamente regular de forma general la relación entre Estado y estos funcionarios.
La iniciativa propuesta en el texto de ley establece un régimen único de empleo público, conformado por ocho familias de puestos para toda la administración. Cada familia de puestos le aplicaría un salario global, según el puesto correspondiente.
Sin embargo, en el contexto de las universidades públicas han surgido diversos cuestionamientos a esta propuesta, en distintas dimensiones. Una de estas –expuesta justamente en los foros de Conare–, es la rectoría que tendría la Dirección General del Servicio Civil o el MidePlan en las contrataciones y todo lo relacionado con empleo público, ya que esto violentaría el proceso de contratación desarrollado en las universidades, donde se busca a perfiles específicos que algunas veces requieren las facultades y centros de investigación.
Complementariamente a estos foros, Conare expusó su posición en un comunicado, en el que destaca diversas contradicciones de fondo en este proyecto, como el desarrollo de competencias y habilidades, oportunidades de mejora para el empleado público, condiciones de empleo transparente y la retención del personal calificado que la academia requiere.
“En este contexto la imposición de límites como los que contiene el proyecto de ley 21.336, condenarán al Estado costarricense a una gran pérdida de potencial profesional en su recurso humano. El contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza, menos eficiente en la prestación de sus servicios y con personal limitado para el ejercicio de sus competencias profesionales”.Posición del Conare ante proyecto de ley de empleo público
Inconsistencias y riesgo para el accionar universitario
Una de las inconsistencias que tiene la propuesta, es respecto al criterio de competencia, ya que este propone la eliminación del régimen de méritos y reconocimientos, elementos que permiten a las U públicas competir con universidades privadas e internacionales en remuneración y otras actividades del contexto de educación superior.
No obstante, el proyecto no parece ser consistente en este criterio, ya que los diputados rechazaron excluir a las universidades públicas del proyecto de ley, aunque sí se consideró no tomar en cuenta a instituciones públicas en competencia de los sectores de seguros y electricidad.
Nelson Ortega, representante del Consejo Institucional del TEC y parte de los invitados a los foros de Conare, indicó los riesgos de dejar de lado la decisión interna de mecanismos de selección y perfiles requeridos para el accionar universitario, al tiempo que señaló puntos particulares como la fragmentación de la visión holística y estratégica del talento humano, así como la posible incapacidad de retener a personal formado por las mismas universidades, inclusive fuera del país, para la dinámica académica competitiva de estas casas de estudio.
“Es muy probable que las personas que trabajan en las universidades se vean agrupadas en dos familias de puestos. Esto va a generar complicaciones ya que no se considera la dinámica que existe entre ambas familias de puestos y su relación a lo interno de cada universidad”, destacó Ortega, quien además explicó los problemas de la propuesta de ley respecto a la evaluación de desempeño que tendrían los funcionarios universitarios.
Conare también señaló en su comunicado, que cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y constitucionalidad de la gestión administrativa, dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad.
La oposición al proyecto por parte de las universidades –según señala el mismo comunicado– distingue que el régimen de empleo de sus funcionarios no puede quedar sometido al Servicio Civil ni a la rectoría del MidePlan, sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales.
Segundo Foro Virtual sobre Empleo Público
