Una de las inconsistencias que tiene la propuesta, es respecto al criterio de competencia, ya que este propone la eliminación del régimen de méritos y reconocimientos, elementos que permiten a las U públicas competir con universidades privadas e internacionales en remuneración y otras actividades del contexto de educación superior.

No obstante, el proyecto no parece ser consistente en este criterio, ya que los diputados rechazaron excluir a las universidades públicas del proyecto de ley, aunque sí se consideró no tomar en cuenta a instituciones públicas en competencia de los sectores de seguros y electricidad.

Nelson Ortega, representante del Consejo Institucional del TEC [5] y parte de los invitados a los foros de Conare, indicó los riesgos de dejar de lado la decisión interna de mecanismos de selección y perfiles requeridos para el accionar universitario, al tiempo que señaló puntos particulares como la fragmentación de la visión holística y estratégica del talento humano, así como la posible incapacidad de retener a personal formado por las mismas universidades, inclusive fuera del país, para la dinámica académica competitiva de estas casas de estudio.

“Es muy probable que las personas que trabajan en las universidades se vean agrupadas en dos familias de puestos. Esto va a generar complicaciones ya que no se considera la dinámica que existe entre ambas familias de puestos y su relación a lo interno de cada universidad”, destacó Ortega, quien además explicó los problemas de la propuesta de ley respecto a la evaluación de desempeño que tendrían los funcionarios universitarios.

Conare también señaló en su comunicado, que cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y constitucionalidad de la gestión administrativa, dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad.

La oposición al proyecto por parte de las universidades –según señala el mismo comunicado– distingue que el régimen de empleo de sus funcionarios no puede quedar sometido al Servicio Civil ni a la rectoría del MidePlan, sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales.