La mañana de este viernes 20 de setiembre, las personas rectoras de las Universidades Públicas de Costa Rica defendieron la necesidad de un aumento de, al menos, 4,06% en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2025. Esto en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La rectora del TEC, la máster María Estrada Sánchez, expuso a nombre del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), esto debido a que el presidente de este año, Gustavo Gutiérrez Espeleta, se encuentra incapacitado. Asimismo, cada rector presentó la situación de su respectiva universidad. Junto a Estrada intervinieron Roberto Guillén Pacheco (rector interino de la Universidad de Costa Rica), Francisco González Alvarado (Universidad Nacional), Rodrigo Arias Camacho (Universidad Estatal a Distancia) y William Rojas Meléndez (Universidad Técnica Nacional).

“Tenemos que ver el poder adquisitivo de los recursos del FEES en un periodo más amplio, no en un mes o en un año en particular. El Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, que es a lo que responde el FEES, es para un quinquenio, no es para un año, es para cinco años como está establecido expresamente en la Constitución Política. Por eso nosotros estamos pidiendo que el FEES recupere el valor adquisitivo que tenía hace cinco años, no estamos pidiendo más, ni siquiera la inflación proyectada “, comentó Rodrigo Arias, en consulta con periodistas después de la audiencia.

Asimismo, Estrada Sánchez detalló que hay 136.722 estudiantes en las Universidades Públicas de Costa Rica, de las cuales más del 82% provienen de colegios públicos; resaltando que las acciones afirmativas han permitido el ingreso de 343 personas de los 472 graduados de colegios de secundaria ubicados en territorios indígenas en el año 2023.

De las personas que estudian en las Universidades Públicas, el 59% contaron con algún tipo de beca en 2023, ya que se otorgaron 88.374 becas socioeconómicas.

En cuanto al tema de superávits Estrada explicó que en parte estos fondos son recursos que no se pueden utilizar por las limitaciones de la Regla Fiscal. Además, que algunos recursos están comprometidos pero la Contraloría General de la República los califica como superávit libre. En este punto, la Rectora del TEC enfatizó que los recursos de este superávit tienen fines específicos para la atención de proyectos de infraestructura y la compra de equipo científico y tecnológico.

“Son recursos que no están ahí ociosos, son recursos que provienen de proyectos que se ejecutan a lo largo de varios años, proyectos de inversión que requieran tres, cuatro o cinco años. Entonces los recursos mientras tanto están disponibles para ser ejecutados. Por un tema de contabilidad, de manejo presupuestario, sí hemos tenido una divergencia en cuanto a la clasificación”, profundizó Roberto Guillén, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica y rector interino de esa institución.

Estrada recordó que en la negociación del FEES 2025 se establecieron 11 compromisos de las Universidades Públicas con la agenda de desarrollo nacional, con 11 criterios y 23 indicadores. Todas estas metas fueron construidas por los equipos técnicos del Gobierno y de CONARE, además de que fueron refrendados por los miembros de la Comisión de Enlace.

Las personas rectoras insistieron, en conjunto, en la necesidad de que el FEES 2025 aumente en 4,06% para recuperar parte del poder adquisitivo de los recursos que utilizan las universidades para docencia, investigación y extensión. Ya que la relación del presupuesto, en relación al Producto Interno Bruto, ha decrecido constantemente en los últimos años, al pasar de 1,49% del PIB en 2027, al 1,17% del PIB en 2024.

CONARE insiste en la necesidad de un aumento realista del FEES para garantizar la sostenibilidad del sistema público de educación superior y que se pueda invertir en seis puntos en particular:

1. Fortalecimiento del sistema de becas
2. Ampliación de cupos
3. Mejora de la cobertura y condiciones en las regiones
4. Mejora de la infraestructura y equipamiento
5. Impulsar la oferta académica en carreras de alta demanda laboral
6. Recuperación de los aprendizajes para contribuir a la reducción de brechas estructurales en el sistema educativo

En cuanto al tema de la redistribución del FEES, Rodrigo Arias, rector de la UNED, recordó que el aumento del FEES en 2024 se repartió equitativamente entre las cinco Universidades Públicas y que esta semana en CONARE se tomó la decisión de que el aumento para 2025 se repartiría con una mejor distribución para el TEC, la UNED y la UTN.

Contralora: universidades han mejorado en transparencia

Previo a la intervención de las personas rectoras, compareció la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien constató en su presentación la drástica reducción de inversión en educación pública en el país en años recientes.

Además, Acosta correlacionó la baja en inversión pública en educación con el decreciente rendimiento de estudiantes en pruebas internacionales, particularmente las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). Según dijo, se debería duplicar la inversión en educación por estudiante para alcanzar niveles similares a los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Nosotros recibimos cuentas de las Universidades (Públicas) que corresponden a los informes que hacemos, tenemos acceso a toda la información de las universidades y sabemos lo que hacen con los fondos”, comentó Acosta ante las personas diputadas.

También aseguró que las Universidades han mejorado en temas de transparencia y control de metas e indicadores. 

Ante las preguntas de congresistas, Acosta aclaró que no es cierto que un aumento en el presupuesto del FEES significaría una disminución de los fondos para escuelas y colegios. La Contralora recordó que la Asamblea Legislativa puede definir el origen de los fondos en caso de establecer un aumento en el FEES, ya sea por deuda o por recorte en otros rubros del Presupuesto Nacional.

Los diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios tienen tiempo hasta el 15 de octubre para presentar mociones. Después la Comisión pasará su informe al Plenario, que debe aprobar el Presupuesto Nacional antes del 30 de noviembre.