El Consejo Institucional (CI) del TEC, en su sesión ordinaria número 3395, acordó: “Reafirmar la importancia de que el país cuente con regulaciones rigurosas y actualizadas que garanticen la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública”.

“Estas normativas deben fundamentarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y un sistema de monitoreo continuo que permita la detección temprana y la mitigación efectiva de riesgos para la población”, continúa el pronunciamiento del CI.

El Consejo acordó solicitar a las autoridades competentes un “análisis más profundo de la reforma del Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, Reglamento para la Calidad del Agua Potable, de modo que se definan explícitamente los mecanismos para abordar las limitaciones técnicas en la determinación de valores de riesgo para la población, garantizando así una aplicación eficiente y oportuna de medidas de control y mitigación”.

El CI se refiere a la publicación que el pasado 12 de diciembre hizo el Ministerio de Salud, en su sitio web, de la propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, del 2 de enero de 2015 (MS-AJ-CB-2932-2024).

“Esta propuesta modifica el Reglamento para la calidad del agua potable, introduciendo cambios significativos. Entre ellos se establece un nuevo valor de alerta para plaguicidas

en el agua potable, fijado en 0,1 µg/L para plaguicidas individuales y 0,5 µg/L para la sumatoria total de agroquímicos. La propuesta de decreto dispone que, si se detecta una concentración de agroquímicos superior a estos límites, el Ministerio de Salud debe llevar a cabo un análisis de riesgo específico para determinar el Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR) del agroquímico identificado. Además, la modificación incluye la incorporación de valores máximos admisibles para los metabolitos del agroquímico clorotalonil en el agua potable”, destaca el pronunciamiento.

Al respecto, el Consejo concuerda que “se incluyen niveles críticos del agroquímico clorotalonil, prohibido en 2023 debido a su clasificación como carcinógeno probable (Grupo 2B, IARC) y su persistente detección en fuentes de agua del país”.

El CI también manifesta el respaldo del Tecnológico de Costa Rica a las comunidades afectadas por la contaminación con agroquímicos en el agua de consumo, reconociendo los riesgos sanitarios y ambientales asociados.

Asimismo, reafirma el compromiso del TEC en la búsqueda de soluciones mediante el desarrollo de investigaciones aplicadas, asesoría técnica y la implementación de estrategías innovadoras, para lo cual se pone a disposición del país, el conocimiento científico, los recursos técnicos y la experiencia de la universidad.

Para este pronunciamiento, el CI tomó en consideración normativa nacional e internacional, como la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica, la Ley General de Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También, estudios científicos que documentan los riesgos asociados a la exposición de residuos agroquímicos.

Se adjunta el acuerdo completo.