En la Sesión Ordinaria No. 3224, del 30 de junio de 2021 el Consejo Institucional  (CI) del Tecnológico de Costa Rica se pronunció sobre  la propuesta de negociación del Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ¿Debe Costa Rica, obligatoriamente, endeudarse con el FMI?

El CI acordó al respecto: 

1. Instar a la institucionalidad y la ciudadanía, incluidas las universidades, a ejercer sus derechos mediante mecanismos pacíficos y de debate democrático, inclusivo, técnico y científico, para exigir el rechazo de los proyectos de ley regresivos presentados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, tendientes  a consolidar la inequidad social, y además porque son respuestas inconsultas, carentes de consenso y orientados a favorecer el modelo económico excluyente y polarizador de la sociedad costarricense.

2. Solicitar a las señoras Diputadas y señores Diputados, integrantes de la Asamblea Legislativa, para que se tramiten y aprueben otros proyectos presentados en el seno de la Asamblea, para atender la elusión, evasión y la búsqueda de un sistema fiscal progresivo, como:

1. Impuesto al capital o contribución solidaria al capital (Grandes capitales y GETES) Expedientes 22.034. Ley de justicia fiscal frente a la emergencia del Covid-19;
2. Impuesto al capital. Expediente 21.883 Ley de contingencia fiscal progresiva y solidaria ante la emergencia nacional del covid-19;
3. Impuesto a las sucesiones, herencias de lujo. Expediente: 20.391 Reforma de la Ley N.° 7092, Ley del impuesto sobre la renta, de 19 de mayo de 1988, y sus reformas, para gravar las herencias, legados y donaciones de lujo;
4. Norma de subcapitalización aprobada en el 2018. Expediente 21.184 Ley  de fortalecimiento de la  norma de subcapitalización .reforma del artículo 9 bis de la ley del impuesto sobre la renta, Ley No.° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas;
5. Paraísos fiscales. Expediente 21.414.  Reforma  de  los Artículos 81, 90,  92; adición de los nuevos artículos   67   bis, 92   bis y  92 y derogatoria inciso 4 del   artículo   81 de la Ley  N.°  4755, Código de   normas   y procedimientos   tributarios, del 3 de mayo de 1971 y   sus reformas.   Ley   para fortalecer el   combate   al delito   de   fraude   a   la   hacienda   pública.
6. Cárcel evasores de sociedades fantasma. Expediente 21.769. Adición de los Artículo 22 Bis, 22 Ter y 22 Quater, y Reforma del Artículo 195 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 47755, de 3 de mayo de 1971 y sus Reformas, Ley para Fortalecer la lucha contra el incumplimiento tributario mediante la incorporación de causas de responsabilidad solidaria por obligaciones tributarias.
7. Además, se debe garantizar que se apliquen las disposiciones de la OCDE en materia tributaria. Expedientes 20.437. Ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales.

3. Solicitar a la Asamblea Legislativa, al Gobierno de la República y al Ministerio de Hacienda que antes de insistir en la aprobación proyectos de ley regresivos, consideren iniciativas tales como el uso de una parte de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN) para financiar gastos de inversión pública prioritarios del Gobierno, así como la renegociación de pago del principal e intereses y plazos de la deuda interna.

4. Instar a la Comunidad Institucional a sumarse a todas las acciones ciudadanas pacíficas orientadas a salvaguardar y consolidar el Estado social costarricense, ante su debilitamiento por la aplicación de políticas económicas fiscalistas y restrictivas, que se expresan en medidas concretas como el recorte de presupuesto a la institucionalidad social, la venta de activos del Estado y la aplicación de la Regla fiscal, entre otras.

5. Declarar que, la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la República y el Ministerio de Hacienda en particular, no tienen autoridad para imponerle a la sociedad costarricense nuevas medidas restrictivas a la inversión social y forzar las reducciones presupuestarias en todo el sector público, sin antes haber cumplido con sus tareas específicas de cobrar eficientemente los impuestos para evitar la evasión, la elusión y eliminar los regímenes de exoneración injustos.  Por eso solicitamos urgentemente que el Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa le rindan cuentas a la sociedad sobre su ineficiencia e incumplimiento de obligaciones que desde hace décadas le ha señalado la Contraloría General de República a la hacienda pública.

6. En cuanto a la educación superior, se insta a que el Gobierno de la República y específicamente el Ministerio de Hacienda, lo mismo que la Asamblea Legislativa, doten al sistema de Universidades Públicas del presupuesto que la Constitución Política establece como derecho inalienable, sobre todo considerando que las Universidades Públicas son un componente fundamental del Estado social costarricense.

7. Solicitar que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar la especial autonomía universitaria y, desde el TEC, como integrante del sistema universitario público, reafirmamos las responsabilidades asociadas con el uso cada vez más eficiente del presupuesto y la ampliación de los mecanismos de rendición cuentas, exponiendo a la sociedad costarricense nuestros innumerables logros y aportes que históricamente, y en la actualidad, han contribuido a mejorar la calidad de vida en el país, de acuerdo a lo que nos demanda nuestro Estatuto Orgánico.

8. Instar a las comunidades de todo el país, organizaciones y entidades sociales de toda índole, a que se acerquen y pidan a las Universidades Públicas, y al TEC en particular, compartir e intercambiar con ellas sus aportes, experiencia e ideas para incrementar las capacidades colectivas en defensa del Estado social de Costa Rica y generar ideas y propuestas para que la sociedad costarricense mejore su calidad de vida.

1. Instar a un dialogo nacional efectivo, inclusivo y orientado a la negociación asertiva entre las partes, ya que propuesta de negociación con el FMI presentada por el Gobierno de la República, así como los proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa (como el proyecto Ley Marco de Empleo Público y otros) responden a una lógica de relaciones sociales impositiva y autoritaria, alejada por completo de cualquier oportunidad de diálogo y menos de generación de consensos entre distintos actores sociales, lo cual quedó demostrado desde el intento de diálogo multisectorial al que llamó el Gobierno, mientras mantenía su agenda unilateral para llegar a un acuerdo con el FMI, tal y como fue expuesto por organizaciones sociales e incluso por una ministra y varios diputados y diputadas.

10. Por las razones argumentadas y por la constante búsqueda de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en la cual la educación siga siendo un derecho garantizado legal y económicamente para la población, rechazamos la negociación y aprobación de un nuevo empréstito entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, mientras otras medidas de política económica y social, justas y progresivas, que lo harían innecesario, no se hayan aplicado. 

11. Comunicar a los Consejos Universitarios de las universidades públicas, al Señor Presidente de la República, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación y Política Económica, a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica, a las Personas Diputadas de la Asamblea Legislativa y a la comunidad institucional y nacional, sindicatos y otras organizaciones sociales, y en general, hacer público este pronunciamiento. 

A continuación se encuentra el pronunciamiento en su totalidad: