El Gobierno de la República, autoridades universitarias y representación estudiantil firmaron este martes un acuerdo, tras una sesión de negociación que se extendió por casi cinco horas, con la intención de garantizar el funcionamiento ordinario de las universidades públicas y su rol esencial como herramienta de transformación social. 

Este documento reafirma el respeto a la autonomía universitaria, garantiza que no se deben dar clasificaciones de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no hayan sido aprobadas por las universidades de manera autónoma y reafirma el ánimo con el que se firma este fondo presupuestario que incluso tuvo un crecimiento de 2,32% para el 2020 con un monto total de  ¢512 781,51 millones de colones. 

En el espacio de negociación participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; la ministra de Educación, Guiselle Cruz; las autoridades de las universidades públicas; representantes de las federaciones de estudiantes; las diputadas Karine Niño y Paola Valladares y el diputado Enrique Sánchez.

En la cita, el Presidente Alvarado reiteró su compromiso con la autonomía universitaria y se mostró complacido con el acuerdo que garantiza la operación normal de todas las instituciones, sus sedes y recintos, los programas de becas y la oferta de cursos. 

“Este acuerdo es una muestra de cómo en un país como el nuestro autoridades universitarias, representación estudiantil y Gobierno pueden llegar a acuerdos para resolver sus diferencias a través del diálogo”, aseguró Víctor Morales, ministro de la Presidencia. 

Tras el diálogo iniciado la semana anterior entre gobierno y universidades públicas, las universidades estatales revisaron sus presupuestos para reclasificar diferentes partidas de gasto que actualmente están consideradas como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital con lo que se logra garantizar el funcionamiento normal de estas casas de estudios. 

En el compromiso, el Gobierno afirma que concuerda con la propuesta de Conare y se compromete a garantizar las gestiones pertinentes y las acciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades. 

Por otro lado, universidades y gobierno reconocieron que no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no haya sido acordada previamente por los órganos de gobierno de las universidades, garantizando así el ejercicio de su autonomía. 

Dentro del acuerdo, y a la luz de discusiones futuras, se incorpora la firma de un decreto ejecutivo que se dio este mismo martes para ampliar la conformación de la Comisión de Enlace entre las Instituciones de Educación Superior, los Poderes del Estado y las Instituciones Autónomas e incluir la participación de estudiantes como resultado de las diferentes gestiones del movimiento estudiantil, una vez que sea ratificado por los Consejos Universitarios e Institucionales. 

En el marco de esta negociación, también se reafirmó el compromiso con la urgente necesidad de que las Universidades Públicas, siempre en el marco de su autonomía, continúen realizando cambios estructurales internos para evitar serias complicaciones financieras, y garantizar su sostenibilidad.

“El Gobierno de la República declara su compromiso, por la vía del respeto al régimen constitucional vigente, de garantizar a las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal su adecuado desarrollo y cumplimiento de objetivos, como un medio para promover el pleno disfrute del derecho a la educación”, finaliza el acuerdo firmado.