El tema del déficit fiscal se puede resumir en que al Gobierno no le alcanza para cumplir con las obligaciones que le establecen las leyes. Motivo por el que constantemente se debe seguir endeudando. Eso afecta a la ciudadanía principalmente de dos formas:

• Limita la capacidad estatal para el desarrollo de infraestructura y financiamiento de programas sociales.
• Crea presión al alza sobre las tasas de intereses. lo que puede desacelerar la economía y aumentar el desempleo.

“Uno de los componentes más altos del gasto son los intereses. Entonces, en lugar de estar haciendo inversión pública para que tengamos mejores carreteras, o mejor infraestructura educativa o sanitaria, estamos pagando intereses a los tenedores de la deuda. Pero resulta que cada vez tenemos que pagar más, porque había la necesidad de hacer una reforma fiscal y no se hizo”, ahondó Garro.

Para este 2017, la estimación de las autoridades económicas es que el déficit fiscal de Costa Rica llegue a representar un 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según anunció recientemente el Ministerio de Hacienda, los gastos por pago de intereses aumentaron 21,4% en los primeros siete meses del año, debido a un mayor nivel de deuda.

“¿Por qué es un problema para nuestras existencias cotidianas? Tenemos un proceso desde el año 2008 en que el Gobierno Central no ha logrado cubrir con sus ingresos los gastos en los que está incurriendo. Eso implica que salga al mercado a endeudarse cada vez más.

“Hemos sostenido déficits superiores al 5% después del año 2008, es decir, después de la crisis, y eso ha implicado que la deuda haya aumentado de un 25% del PIB a un 50% del PIB; próximamente vamos a llegar a 48% este año y vamos a superar el 50% seguramente el otro año si la situación continúa. Cada punto del PIB, para hacernos una idea, son 325.000 millones de colones, esa es nuestra deuda, 50 veces eso (16,25 billones). Y cuando uno tiene una deuda más grande tiene la obligación de hacer abonos más grandes a esa deuda”, detalló el economista Jonathan Acuña, asesor de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Para ponerlo en perspectiva, asevera Acuña, en este año 2017 está presupuestado para el servicio de la deuda una cantidad superior a los 2,8 billones (millones de millones) de colones. Esa cifra es superior a los 2,6 billones de colones que se invierten en educación pública, “desde kinder hasta las universidades”.

“Ese 2,8 (billones de colones) son recursos que no podemos utilizar para invertir en carreteras, para invertir en infraestructura, no podemos utilizarlos para invertir en mejor educación pública, no podemos utilizarlo para mejores programas sociales... Tenemos que utilizarlo para pagar la deuda que venimos adquiriendo”, ahonda Acuña.

En un segundo nivel, explica el experto, el que el Gobierno tenga que pedir prestado “4 billones anuales” para completar su presupuesto provoca una presión inflacionaria sobre las tasas de interés:

“Esos son 4 billones de colones que no están disponibles para el sector privado, y como cada vez se traga más, porque cada vez lo que necesita es más para sufragar una deuda más grande, la cantidad de recursos que quedan para ser prestados al sector privado se reducen, y si de algo hay poco su precio aumenta. Si las tasas de interés se ven presionadas al alza, por este factor y por otros, los empresarios y empresarias se ven menos interesados en invertir, y disminuye el empleo”, sentenció Acuña.  

Otro punto en que los panelistas estuvieron de acuerdo es en que para ellos es evidente la necesidad de que se apruebe una reforma fiscal para conseguir resolver el problema del déficit y financiar programas de desarrollo para el país.

Más allá de una reforma fiscal, los especialistas apuntan a la necesidad de potenciar la aplicación de normas fiscales progresistas, que sirvan para equilibrar la carga fiscal de la ciudadanía y detener el crecimiento de la desigualdad económica entre los más pobres y los más ricos.

“La pobreza en Costa Rica tiene un componente fiscal. Nosotros lo sabemos, la manera como hasta ahora se han aplicado los impuestos y las exoneraciones a la canasta básica son regresivos, y a quienes beneficia es a las personas que recibimos mayor salario, porque estamos exonerados de pagar impuestos sobre la canasta básica y esta misma exoneración la tienen las personas de menor ingreso, pero tienen menor capacidad de consumo”, argumentó Celso Vargas, docente de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico.

Los expertos detallaron cómo en los últimos 30 años se aumentó el impuesto de ventas (que pagan todos los costarricenses) de un 8 a un 13%, y no se ha actualizado el impuesto de renta, que es pagado de las utilidades de las empresas y los sectores de mayor auge económico.

“Nuestra carga fiscal es muy baja respecto a países que tienen niveles de desarrollo semejantes a los nuestros. El promedio de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en cuanto a ingresos, acá cuento cargas sociales para no meterme en problemas, es de 34% del PIB, los ingresos que recibe el Estado. En Costa Rica es más de 10 puntos menos, 22% (...). Nosotros no podemos sostener ya los derechos que se le han otorgado a la ciudadanía con los recursos que tiene el Estado. Claro que este es un tema polémico y suena feo”, detalló Acuña.

Por su parte, Ximena Araneda, docente de la Escuela de Administración de Empresas, apuntó que en décadas recientes se ha desmejorado la situación de los trabajadores costarricenses y ha aumentado la concentración de la riqueza.

“No tenemos solo una crisis fiscal, hay una crisis climática y una crisis alimentaria (...). Mi opinión como trabajadora y como costarricense es que tenemos que levantar la vista y mirarnos íntegramente”, aseveró la especialista.

“En Guatemala se realizó un foro del Instituto Latinoamericano de Estudios Fiscales, en donde se señaló que la única reforma tributaria en América Latina que se había hecho con carácter progresista fue la que hizo Costa Rica en 1948. Esto lo que nos pone a ver claramente es que este problema de la participación de distintos sectores sociales en el financiamiento del Estado es un problema sumamente difícil de resolver. Sobre todo, cuando no hay condiciones políticas, cuando no hay disposición de parte de los sectores que reciben los recursos del país, o los excedentes del país, a llegar a un acuerdo social.

“Sin un acuerdo social, un acuerdo político, difícilmente se puede llegar a resolver esto”, apuntó“, concluyó el economista y sociólogo Sergio Reuben.   

Los alumnos del TEC también mostraron su interés ante el tema. Gracias a la organización de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (Feitec), el 29 de agosto tuvo lugar el foro titulado: “Finanzas públicas, ¿hacia una inminente crisis?”.

La actividad se realizó en la Biblioteca José Figueres Ferrer –de la Sede Central de Cartago- y también contó con la presencia del economista, Jonathan Acuña; además de Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Entre la disertación de Rodríguez, destacó su aseveración de que la raíz de la crisis fiscal existe desde mediados de los años ochenta, cuando se dio en el país un aumento de la deuda externa. Según el experto, en ese momento Costa Rica optó por convertirse en una plataforma de exportación y tomó medidas que terminaron afectando negativamente.

“En aquel momento se dieron algunos subsidios a la exportación y exoneraciones que no se compensaron. Eso provocó que el Estado tuviera menos ingresos y que se generaran cargos para el presupuesto de la República”, señaló el viceministro.

Como segundo punto a destacar en el mensaje de Rodríguez, está el tema del endeudamiento. De acuerdo con su explicación, este fenómeno empezó a acelerarse en los últimos tiempos en el Gobierno Central, llegando a superar en más de tres veces a los ingresos tributarios que tiene el país.

“Las deudas que debe pagar Costa Rica dependen del mercado interno para ser sufragadas. Esto genera presión para las finanzas locales y de los ahorrantes, ya que deben hacerse cargo de cubrir ese faltante”, finalizó.

Algunas de las medidas a tomar para reducir la problemática que propuso el funcionario fueron:

• Racionalizar pensiones de lujo
• Buscar e impulsar directrices para manejar el gasto.
• Mantener los aumentos salariales según la inflación.
• Hacer recortes de presupuesto y modernizar sistemas informáticos para realizar los cobros.

Con respecto a la exposición de Acuña, su mensaje fue similar al presentado en el espacio del Consejo Institucional en el que participó. Si bien su enfoque fue más crítico con respecto a la virtual imposibilidad de aplicar las medidas que se proponen para solucionar el problema.

“El Gobierno tiene un déficit aproximado de cuatro billones de colones. Ese dinero debe pedirlo prestado de un mercado que tiene fondos limitados de ahorro”, aseguró Acuña; quien a su vez mostró la comparación de que lo endeudado por el Gobierno es superior a lo que el país invierte en educación.