Al lado de la protección de datos se encuentra otro de los retos más importantes relacionados con Internet: la ciberdelincuencia.
La ciberdelincuencia, que es cualquier tipo de actividad ilícita donde se utilice Internet, se ha reinventado con el paso del tiempo y representa, en la actualidad, un peligro latente para personas, empresas y gobiernos.
En el caso de las personas, la creación de virus informáticos y plataformas empleadas para robar datos, sigue multiplicándose. Según estimaciones de la empresa de seguridad informática Kaspersky, cada segundo se crean tres nuevos virus informáticos y el 41,6% de los usuarios ha sido víctima de códigos maliciosos. Además, el 15% de los usuarios de redes sociales habría sufrido problemas relacionados con el cibercrimen en sus perfiles.
Las empresas, por su parte, son víctimas de ataques planificados como el que vivió Sony en 2011, cuando un grupo de hackers robó los datos de unos 77 millones de clientes, incluyendo información sensible como números de tarjetas de crédito.
Los gobiernos también sufren el embate de la ciberdelincuencia. Instituciones como el Pentágono, en los Estados Unidos, son atacadas constantemente por ciberdelincuentes. Las amenazas son tan reales que, por ejemplo, el gobierno norteamericano desembolsa unos tres mil millones de dólares al año para protección cibernética.
En términos legales, el mayor esfuerzo internacional para hacerle frente a la ciberdelincuencia es la Convención de Budapest o Convenio sobre Cibercriminalidad. Esta convención, que Costa Rica firmó pero no ha ratificado (se encuentra en la corriente legislativa), es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, y aborda infracciones relacionadas con derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad en la red.
En este campo, el mayor esfuerzo realizado por el país fue una reforma al Código Penal para incluir los delitos informáticos. Entre otras cosas, se sanciona la violación de las comunicaciones, las estafas informáticas, el espionaje y la suplantación de identidad.
Además, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuenta con su propia sección de delitos informáticos, instancia responsable de realizar las investigaciones referentes a ciberdelincuencia.
Según la firma Norton, el costo asociado al cibercrimen ascendió a $95 000 millones en 2015 y unos 556 millones de adultos en el mundo fueron en alguna medida víctimas del cibercrimen.
Para Roberto Lemaitre es de suma importancia que Costa Rica ratifique el texto, pues lo considera el mecanismo más importante que se tiene en la actualidad para luchar contra la ciberdelincuencia.