Con los años, han surgido diversos modelos innovadores que se han ido desarrollando en el mundo. Uno de ellos son las asociaciones público-privadas, cuyo desarrollo permitió al Reino Unido, por ejemplo, establecer un mecanismo que facilita la participación del sector privado en diferentes etapas de ejecución de proyectos de infraestructura, en asociación con el Gobierno.
Su principal característica es que el sector privado puede proveer infraestructura y servicio en áreas tradicionalmente atendidas por los gobiernos; en especial en carreteras, puertos, agua y saneamiento, hospitales, escuelas y cárceles. Bajo este esquema, el Gobierno define el servicio que requiere y el socio privado diseña el proyecto, construye, financia y opera el servicio, en oposición a los esquemas “diseño, construcción”, relacionados con la obra pública tradicional. Una de las ventajas de este tipo de asociaciones es que permite a los gobiernos proveer de nueva infraestructura y sus servicios asociados sin incrementar los gastos de capital en el presupuesto, ya que pasan a ser financiados por el sector privado. Luego, una vez que el proyecto se encuentra finalizado y en operación, el sector privado reembolsa su inversión mediante tarifas, cánones y alquileres.
Según lo manifestó el presidente de la CCC, el Ing. Guillermo Carazo, durante el pasado Congreso Nacional de la Construcción, es necesario socializar a los jerarcas del Gobierno, a la población costarricense y a los medios de comunicación sobre la importancia de aplicar las APPs en el país.
En sus propias palabras, “las empresas nacionales cuentan con la capacidad de desarrollar proyectos de gran envergadura mediante la figura de las APPs, pues ya hoy lo hacen en países como Colombia y Panamá.”
El éxito de las APPs radica en la seguridad jurídica, la buena planificación, la socialización y la ejecución de los proyectos.
Pero, ¿qué son las APPS?
En términos generales, se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o las labores que son responsabilidad del sector público, es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.
Fuente: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina, Banco de Desarrollo de América Latina, y fuentes entrevistadas.