El debate en Costa Rica sobre los desafíos de Internet como derecho ha vuelto a cobrar importancia con la implementación de la educación remota como una medida ante la emergencia causada por el COVID-19. Como nunca antes, y de cara a un reinicio de lecciones que amenazaba con excluir a un gran número de estudiantes que no contaban con las condiciones para estudiar desde sus hogares, el sistema educativo costarricense mostraba sus desigualdades, y a nivel país era evidente el rezago en materia de una adecuada legislación que promueva y garantice el pleno ejercicio del derecho a internet.

Si bien, como señala el Primer Informe sobre Libertad de Expresión en Costa Rica (PROLEDI, 2018), el país presenta un alto índice de hogares conectados y cuenta con alguna jurisprudencia a favor del ejercicio de los derechos comunicativos en el entorno digital, lo cierto es que aún existen grandes desafíos relacionados con el acceso, la calidad, y la equidad a esta tecnología.  

En la actualidad, Costa Rica muestra una tendencia creciente en el número de hogares conectados. En el caso del internet fijo, este crecimiento ha colocado al país entre aquellos con mayor penetración y cobertura territorial. Según el estudio “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe” (2016), realizado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el país cuenta con cerca de un 60% de hogares conectados, el mismo porcentaje que tiene países como Chile y Uruguay.

Este mismo comportamiento es patente en el avance del internet móvil, el cual también presenta un incremento significativo. Datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) evidencian un aumento en el número de suscripciones que va de 3 796 619 en 2014 a 4 858 940 en 2018, lo que equivale a un crecimiento del 6.4% para ese período (Sutel, 2018). Aunque el panorama general en cuanto a la penetración del internet en el país parece esperanzador, la desconfianza impera cuando se compara con otros datos que muestran las brechas de acceso entre las distintas regiones del país.

Por otra parte, el país también cuenta con precedentes legales que buscan reconocer el acceso a internet como un derecho fundamental de los costarricenses. A nivel internacional, existen resoluciones y declaraciones que reconocen la importancia del acceso a internet como una condición necesaria para el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión en todos los países.

El Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas ha emitido varias resoluciones en las que no solo manifiesta la importancia del tema debido al crecimiento acelerado de las tecnologías de información y comunicación, sino también la necesidad de que los Estados tomen medidas para reducir la brecha digital (Boza, 2018). Si bien estas disposiciones internacionales rigen a nivel nacional, cabe mencionar que se ha generado jurisprudencia en esta materia en el país. A partir de varios recursos de amparo, la Sala Constitucional ha emitido algunos votos que reconocen la importancia de garantizar el acceso a internet y de tomar acciones para promover “el goce efectivo de este derecho a personas o comunidades que así lo requieran por sus circunstancias de marginación o discriminación.” (Boza, p. 44) La importancia de estos y otros precedentes es que constituyen las primeras conquistas por el reconocimiento de la existencia jurídica del derecho a internet, sobre todo cuando el país aún no cuenta con una norma legal que reconozca expresamente este derecho.

Con todo, si algo demostró la implementación de la educación remota a raíz de la emergencia que los problemas de acceso a internet son una realidad para una gran cantidad de estudiantes, sobre todo para quienes habitan en zonas rurales. Del total de hogares conectados, una gran mayoría corresponde a la Región Central, mientras que las otras regiones evidencian una clara brecha en sus condiciones de acceso a internet.

De las 362 544 viviendas con servicio de internet en el país, 858 670 corresponden a la Región Central, 116 932 a la Región Huetar Caribe, 103 602 a la Región Brunca, 101 868 a la Región Huetar Norte, 84 860 a la Región Pacífico Central, y 97 022 a la Región Chorotega (INEC, 2019). Esto demuestra la desigualdad en el acceso a internet entre zonas rurales y urbanas, la cual constituye una de las principales limitaciones para el ejercicio de este derecho en estos territorios.

A las dificultades de acceso se le añaden también la calidad de la banda ancha, pues para muchos estudiantes el problema no es la falta de internet en sus hogares sino la baja velocidad de conexión. A diferencia de los avances en materia de cobertura territorial de internet alcanzados en los últimos años, la velocidad promedio de conexión en el país presenta un rezago importante. De los 7 Mbps que se promedian a nivel mundial, Costa Rica apenas logra una velocidad de conexión de 3,9 Mbps, muy por debajo de otros países latinoamericanos y del mundo (State of the Internet IVQ 2016, citado en Boza, 2018). Sin duda, esto constituye una gran limitación para el desarrollo de actividades educativas, y deber ser uno de los aspectos fundamentales que deben mejorarse para garantizar la participación de los estudiantes.

Otro factor que demostró ser una causa más de exclusión para muchos estudiantes fue el problema de equidad que se genera a partir de la política de uso justo que rige actualmente el modelo tarifario en el país. En principio, la política de uso justo busca regular el consumo excesivo de descarga para reducir la congestión de las redes y asegurar la calidad de los servicios, pero el problema radica en que quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad son también quienes más ven lesionados sus posibilidades de contar con un internet funcional. 

Si se toma en cuenta que, como señala la Encuesta Nacional de Hogares (2019), en zonas rurales más hogares acceden a internet a través de dispositivos móviles, y suponiendo que en muchos casos se trate de líneas celulares prepago, es evidente que estas personas estén en mayor desventaja al ver reducidas sus posibilidades de conexión a niveles bajos de consumo y a velocidades mínimas. Así, con la política de “uso justo”, el derecho a internet no solo está supeditado a las condiciones económicas de cada persona, sino que además termina por restringir aún más a aquellos estudiantes en mayores condiciones de desigualdad.  

En un contexto cada más más marcado por el uso de las tecnologías de información y comunicación, el acceso equitativo a un internet de calidad se torna cada más importante para garantizar el derecho a otros derechos. A nivel nacional, sin embargo, sobre todo luego de que se impusiera la educación remota como una medida de prevención ante la amenaza de la pandemia, los temas pendientes en esta materia mostraron la importancia de que el Estado realice mayores esfuerzos para garantizar condiciones favorables para que todas las personas puedan participar en igual de condiciones de las ventajas de internet.

Sin duda, la ausencia de una política pública, sustentada en una norma legal que reconozca expresamente el internet como un derecho, encabeza la lista de prioridades, y es por eso que se vuelve necesario reavivar el debate público y ciudadano sobre este tema, en un momento en el que este ha mostrado ser fundamental para el ejercicio pleno del derecho humano a la educación en el siglo XXI.

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Referencias:

Boza, S. G. (2018). Libertad de expresión y derecho de acceso a internet en Costa Rica. En Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica (pp. 37-80). San José: PROLEDI. Recuperado de http://proledi.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2018/08/I-Informe-del-Estado-de-la-Libertad-de-Expresi%C3%B3n-en-CR.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/6/S1601049_es.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2019). Encuesta Nacional de Hogares. Recuperado de https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares

PROLEDI. (2018). Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica. San José: PROLEDI. Recuperado de http://proledi.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2018/08/I-Informe-del-Estado-de-la-Libertad-de-Expresi%C3%B3n-en-CR.pdf

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). (2018). Estadísticas del sector de telecomunicaciones. Recuperado de https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informe_estadisticas_del_sector_de_telecomunicaciones_2018_vf.pdf

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