En su exposición, Acosta reconoció que el país ha mejorado la recaudación de impuestos y ha aprobado leyes contra el contrabando, contra el fraude fiscal y para las personas jurídicas. Sin embargo, señaló que son esfuerzos insuficientes para cerrar la brecha fiscal y que aún están por aprobarse los impuestos de renta global y de valor agregado. Al respecto señaló que no ve la voluntad de aprobar el paquete fiscal en un año electoral, lo que agravará, aún más, el problema del déficit.

Para Acosta, el país necesita acciones contundentes en las siguientes áreas:

Exoneraciones

En criterio de Acosta, el país debe revisar las exoneraciones otorgadas a ciertos sectores de la economía que ya han logrado desarrollarse y consolidarse, como el turismo. “Asimismo, la Contraloría General de la República ha llamado la atención sobre una serie de actividades económicas que gozan de exoneración fiscal sin que se haya medido su necesidad para consolidar la actividad económica”, advirtió.

Evasión fiscal

La contralora de la República recordó que el país reporta un nivel de evasión fiscal que ronda el 8%. “No es posible que el 22% de los grandes contribuyentes del país declaren cero utilidades para no pagar impuestos. Eso nadie se los cree”, puntualizó. También recordó que hay un alto porcentaje de profesionales liberales que no pagan los impuestos correspondientes.

Para enfrentar este problema, sugirió dotar a la administración tributaria de mejores herramientas para incrementar la recaudación, así como renovar el modelo tributario costarricense diseñado en los años setenta y ochenta para una economía, mayoritariamente, manufacturera. “Nuestra economía se recompuso y ahora hay más empresas de servicios. Por este motivo hay que cambiar el sistema tributario. Hay que hacer más justo el sistema, para que cada quien pague de acuerdo con sus ingresos”, agregó.

Pensiones

Más del 90% del presupuesto nacional se dirige al pago de la deuda, al pago de salarios y a las transferencias que el Gobierno Central debe hacer por mandato constitucional o de otras leyes. Una de esas transferencias son las pensiones que, para la Acosta, deben revisarse de acuerdo con el cambio demográfico que ha experimentado Costa Rica en las últimas décadas. “Todos los regímenes de pensiones tienen problemas de sostenibilidad, unos más que otros. Por un lado, tenemos a las personas que están disfrutando de estos beneficios que no quieren que se los eliminen y, por otro lado, no hay voluntad política para modificarlos porque tiene costos políticos muy altos”, sintetizó.

Transferencias

También señaló que hay transferencias que están sosteniendo instituciones que no están produciendo los beneficios sociales que se esperan. Se trata de instituciones que, aunque no generan recursos propios, hay interés en sostenerlas, como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP). “Son instituciones que cumplieron un rol importante en un momento, pero que ahora no están generando los beneficios esperados. Por ejemplo, el CNP tiene el mandato de suministrar a las escuelas y cárceles de todos los alimentos perecederos. Sin embargo, no tiene la capacidad para hacerlo”, ilustró. Al respecto, aclaró que la Contraloría nunca ha dicho que se cierre ninguna institución, pero sí que se actualicen y se fortalezcan.

Remuneraciones

Según Acosta, este rubro absorbe casi el 27% del presupuesto nacional y también requiere de una revisión exhaustiva por varios motivos. Por un lado, se trata de un sistema muy desigual en el que hay funcionarios haciendo el mismo trabajo, pero ganando muy distinto entre sí, o jefaturas ganando menos que sus colaboradores. Por otro lado, los salarios han seguido subiendo a pesar de que la inflación ha sido muy baja o nula. “Como país debemos revisar la política de salarios. Este es un problema estructural que requiere de medidas estructurales de mediano y largo plazo. No se va a arreglar en un año, porque no se trata de recortarle el salario a la gente. Pero, hay que comenzar a corregirlo con la gente que se va incorporando”, detalló.

Recordó que, a pesar de que la Ley de la Administración Financiera establece que no se puede financiar el gasto corriente con deuda, lo cierto es que muchos de los salarios del sector público están siendo pagados con deuda.

Destinos específicos

Este rubro consiste en los montos que se deben transferir a algunas instituciones por mandato constitucional. De acuerdo con Acosta estos destinos específicos se deben analizar a la luz de la realidad social, de la realidad económica y de la capacidad financiera del Gobierno Central”.

Puso como ejemplo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como una institución que no ha sido buena ejecutora de su presupuesto, con tan solo un 67%. “Es decir, le sobra un montón de plata que se va al superávit. A pesar de esa realidad, se aprobó un presupuesto extraordinario que casi le duplicó el monto asignado, solo porque la Sala Constitucional ordenó respetar el porcentaje que se establece en la Constitución para esta entidad”, añadió.

Para Víctor Garro, docente e investigador de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, es importante conocer los fenómenos que afectan la vida de todos, independientemente de la formación que cada uno tenga. “Hemos procurado tener en los foros a personas de diversos pensamientos sociales y políticos para que la discusión tenga diferentes aristas. Queremos contribuir desde la Cátedra de Economía con la concientización de esta problemática en la comunidad institucional”, agregó.

Para el mes de octubre la Cátedra de Economía de la Escuela de Administración de Empresas Nocturna realizará otro foro sobre el efecto del déficit fiscal en la desigualdad económica, a cargo de Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La actividad se desarrollará en el Centro Académico de San José del Tecnológico, en Barrio Amón en una fecha que se anunciará oportunamente.