Según expertos: intereses privados atentan contra el ordenamiento territorial
En el orden habitual: David Porras, docente e investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC; Leonardo Merino, politólogo del Programa Estado de la Nación; Roy Allan Jiménez, arquitecto urbanista de la Plataforma Urbe@21 y Gustavo Barrantes, subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional.
Expertos analizaron el conflicto entre el espacio colectivo y los intereses privados
Sobresalió el ejemplo de Upala
Con una nutrida asistencia de estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil, se realizó la segunda sesión del Curso Internacional “La Ciudad: Espacio Colectivo / Intereses Privados”, en el Centro Académico de San José del Tecnológico. Esta actividad está organizada por el Grupo TRyS (Territorio Racional y Sostenible) conformado por investigadores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC y del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid.
En esta ocasión, los expositores se enfocaron en las implicaciones y controversias urbano-territoriales que provoca el choque entre los intereses privados y públicos a la hora de planificar y construir las ciudades. Leonardo Merino, politólogo del Programa Estado de la Nación, Roy Allan Jiménez, arquitecto urbanista de la Plataforma Urbe@21 y Gustavo Barrantes, subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), coincidieron en que Costa Rica experimenta un desarrollo insostenible del territorio, producto de una imposición del interés privado sobre el público, tanto en materia de construcción de la ciudad como en el desempeño de actividades de diversos sectores productivos. Adicionalmente, ofrecieron alternativas de solución a los problemas de desarrollo urbano que sufre el país.
De acuerdo con David Porras, docente e investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC y co-coordinador del curso, privilegiar el interés privado sobre el público en materia de planificación urbana tiene consecuencias negativas que se pueden resumir en tres grandes áreas:
1. Crecimiento urbano desordenado. La función pública de la propiedad pasa a segundo plano y no se aplican los principios que deberían regir en un adecuado ordenamiento territorial. Se dan permisos para desarrollos inmobiliarios donde no procede. Esto provoca un crecimiento urbano desordenado y genera problemas a nivel de despoblamiento y pérdida de las potencialidades que tienen esos centros urbanos.
2. Transporte público ineficiente. El interés privado sobre el interés público ha dificultado que se haga una intervención para reacomodar y reorganizar las rutas de autobuses.
3. Recursos naturales amenazados. En lo que respecta al sector productivo, el interés privado de una actividad agrícola (sobre todo monocultivos) suele prevalecer sobre el interés colectivo para preservar áreas con valores ambientales importantes.
El ejemplo de Upala
Entre otros ejemplos, resaltó el caso de Upala, cantón que fue azotado seriamente por el paso del huracán Otto en noviembre anterior y que, de acuerdo con lo expuesto por Gustavo Barrantes, la Universidad Nacional (UNA) le había suplido a la municipalidad de toda una serie de estudios de ordenamiento territorial e instrumentos de ordenamiento territorial, pero que nunca se ejecutaron porque los intereses privados prevalecieron.
Las recomendaciones de la UNA incluían cambios en el uso del suelo, lo cual obligaba a reubicar muchos negocios fuera del centro del Cantón. Esto generó gran oposición entre comerciantes y empresarios, quienes lograron que el proyecto se archivara, explicó Barrantes.
Soluciones propuestas
Los expositores ahondaron en algunas soluciones para corregir el crecimiento urbano desordenado. Entre ellas destacaron las siguientes:
1. Disponer de una planificación territorial. Esto es vital para que la improvisación que, en muchas ocasiones, colabora con la imposición del interés privado sobre el público, se reduzca o se minimice. Se debe tener planificación territorial y planificación de escala local.
2. Fortalecer los gobiernos locales. Dotarlos de planes territoriales acertados y actualizados. Muchas municipalidades aún no tienen planes reguladores.
3. Actualizar los instrumentos de planificación territorial. Esta actualización debe acompañarse de un marco regulador que esté en función del interés público de la propiedad.
4. Revisar el marco regulador. Especialmente el relacionado con el decreto de la evaluación de impacto ambiental para los instrumentos de planificación territorial.
Esta segunda sesión fue transmitida vía streaming gracias al apoyo del Centro de Desarrollo Académico (CEDA), el cual está preparando un vídeo íntegro de la actividad para su respectiva difusión.
La quinta sesión del Curso también se realizará en el auditorio de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, en el Centro Académico de San José, el próximo 9 de febrero. Los expositores reflexionarán en torno al aumento de las deseconomías urbanas en la Gran Área Metropolitana como resultado de una débil planificación y gobernanza territorial. La inscripción es gratuita y puede realizarse en el blog territoriosostenible2011.
David Porras, docente e investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo; Marlene Ilama, directora del Centro Académico de San José y Francisco Castillo, director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, procedieron a la inauguración del curso en Costa Rica.
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