El Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (CI) emitió un pronunciamiento en el marco de la negociación de la Comisión de Enlace, para definir el presupuesto del FEES 2021.

Dicho acuerdo se dio durante la Sesión Extraordinaria No. 3185, Artículo 1, del 13 de agosto de 2020.  El CI considera a la educación como un actor estratégico para enfrentar la crisis sanitaria, la reactivación y sostenibilidad social y económica.

En el Pronunciamiento se acuerda:

1. Expresar nuestro apoyo a las gestiones de negociación que están realizando los señores Rectores de las cinco Universidades Públicas y el Representante Estudiantil de las Federaciones Universitarias, en la Comisión de Enlace, constituida en conjunto con la Ministra de Educación, la Ministra de Planificación, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Presidencia de la República.

b.      Manifestar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que:  

1.  Reconocemos a la educación en lo señalado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS), como una de las bases para el logro de los otros ODS al 2030, que promueve la justicia, la igualdad, una sociedad más inclusiva que asegure la prosperidad, la productividad y la paz.

2.  El país antes y ahora durante la pandemia, requiere de unas políticas social y económica integrales, que promuevan una reactivación con efectos sociales y productivos equitativos.  Lo económico debe considerar no solo lo fiscal, desde el gasto, sino también los ingresos.  En especial, un sistema fiscal que camine hacia una progresividad; considerando, los altos ingresos no solo en el Sector Público, sino en el privado y el de los grandes capitales, muchos de éstos que tienen años sin aportar al fisco.

Lo económico debe estar unido con el tema monetario y productivo.  En lo monetario, el Banco Central debe asumir un liderazgo más fuerte, para dar liquidez a toda la estructura productiva.  En la política productiva se deben considerar las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro; además de la informalidad y la economía social solidaria.

Una política económica vista en términos de una alianza público-privada con efectos social de equidad y solidaridad.  Este enfoque permitirá generar mayores oportunidades e ingresos para todos los niveles socioeconómicos y territoriales, y no solo para los sectores económicos y sociales; principalmente de la Meseta Central, que, en estos momentos, están aumentando su capital y utilidad o aquellos que están teniendo mayor oportunidad con la Banca y con otros apoyos estatales.

3.  Se debe reconocer que, la disminución en la inversión de la educación agrava las desigualdades y afecta en forma desproporcionada a las personas y a los sectores más vulnerables; y pone en alto riesgo a todo el sistema de salud, debilitando el cumplimiento del Artículo 50 y Título VII de la Constitución Política. El sistema de salud requiere del apoyo y de la coordinación con múltiples instituciones estatales, y en especial con el sistema educativo en general.  Por lo cual, la estrategia es fortalecer el Estado Social de Derecho.

4.  Fortalecer la educación en todos sus niveles, en general, y de la educación superior, en particular, debe ser parte de la estrategia nacional de reactivación económica-social y del plan de recuperación general de los efectos de la pandemia COVID 19, para el año 2021.

5.  Fortalecer a las Universidades Estatales en su capacidad de continuar formando el recurso humano que la reactivación económica y social requiere a través de la docencia, la investigación e innovación, la extensión y la acción social, para el mejoramiento de la calidad de vida del Pueblo Costarricense. 

6.  Los recortes al FEES 2021, aunque sean con carácter diferido, amenazan seriamente el normal desarrollo de la gestión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyo compromiso está siendo con poblaciones estudiantiles de primera generación, de mayor vulnerabilidad y a nivel regional, con el fortalecimiento en los últimos años. 

c.      Reiteramos el pronunciamiento del Consejo Institucional denominado un “Llamado a la Asamblea Legislativa a buscar soluciones equitativas, progresivas, redistributivas y con justicia social y económica ante el contexto de crisis sanitaria en Costa Rica”, donde explicitamos los aportes que grupos de especialistas y grupos sociales le han presentado al Gobierno, para la búsqueda de la justicia tributaria y la liquidez financiera del País, para enfrentar  esta pandemia, generar una reactivación socio-económica y brindar apoyo a las poblaciones y a las personas que enfrentan el desempleo, el subempleo, la informalidad y la pobreza

d.      Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo. 

A continuación se detalla el acuerdo en su totalidad: