El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y las representaciones estudiantiles proponen retomar el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2025. Hoy, martes 13 de agosto, solicitaron a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, reunirse el próximo viernes 16 de agosto en la sede sugerida por la representación del Poder Ejecutivo: Casa Presidencial.
CONARE reafirmó su compromiso con la atención de la crisis educativa que enfrenta el país y destacó la importancia de mantener el diálogo, el respeto, la cordialidad y la buena fe, cualidades que han caracterizado las sesiones anteriores.
Según indicaron la rectora y los rectores de las cinco universidades públicas, la intención es priorizar el fortalecimiento de la educación por encima de cualquier intento que pueda desviar este objetivo y en plena defensa de los principios establecidos en la Constitución.
La propuesta de retomar las negociaciones surge tras el inesperado cambio de sede para la reunión del 6 de agosto. Aunque inicialmente se había acordado realizar la reunión en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) , la ministra de Educación decidió trasladarla unilateralmente a Casa Presidencial. CONARE insistió en mantenerla en el MICITT, pero no recibió respuesta.
Ahora, CONARE está a la espera de la confirmación de la Ministra de Educación a su propuesta.
Para la próxima reunión, la rectora y los rectores proponen definir las sedes futuras y recibir una respuesta del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a la contrapropuesta presentada por las Universidades Públicas en las sesiones de la Comisión de Enlace, donde se solicita un aumento del 4,06% para el FEES 2025.
Según apuntan, la propuesta del Ejecutivo de incrementar el FEES 2025 en solo un 1% no favorece la sostenibilidad financiera de las Universidades Públicas a corto, mediano y largo plazo.
Tampoco contempla la recuperación de 62.590.250 millones de colones postergados entre 2020 y 2021, una deuda estatal pendiente.
Además, afirman que la propuesta del Ejecutivo no apoya el desarrollo de los compromisos y objetivos acordados, ni permite compensar los ajustes en el gasto y el cumplimiento de leyes nacionales por parte de las universidades. Tampoco contribuye a la recuperación de aprendizajes y a la reducción de brechas en el sistema educativo.