El Consejo Institucional respondió a la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto 20580 planteando primero dos concepciones sobre la educación.
Primero, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) señala que la educación hay que protegerla porque es un bien social y no una mercancía: “La educación no es una mercancía… Frente a las presiones por hacer de la educación superior una actividad lucrativa es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular y evaluar a las instituciones y carreras, de gestión pública y privada, cualquiera sea la modalidad, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y el egreso de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión y pertinencia local y regional. (III Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en junio en Córdoba, Argentina).
De igual forma, el TEC considera que la educación es un derecho humano y no un privilegio según es señalado por “La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe refrenda los acuerdos … y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles “
El TEC como universidad a través de su quehacer, ratifica el compromiso con la Educación de Calidad (cuarto ODS 2030) y confirma que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad, sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.
A partir de estos principios, la respuesta se fundamenta en los siguientes señalamientos.
EL TEC solicita un plan fiscal justo y progresivo, controlando la evasión y elusión.
La norma de subcapitalización es una herramienta que busca eliminar el uso de endeudamientos ficticios que realizan algunas empresas para maquillar la magnitud de su renta, uno de los mecanismos más comunes para eludir impuestos.
Esta norma debe mantenerse según fue recomendada por el Ministerio de Hacienda, pues llegaría alcanzar un potencial recaudatorio de hasta ¢90.000 millones colones.
El TEC ofrece su contribución para aportar en un plan fiscal justo
El impuesto al valor agregado pretende la trazabilidad, pero se contradice cuando hace exenciones y no sujeciones. Por tanto, debería pasarlos a una tarifa mínima a todos los sectores considerados estratégicos.
Al tener su origen en el impuesto sobre las ventas se mantiene su regresividad y tendrá un impacto mayor en los grupos más pobres si no se ajusta la lista de componentes de la canasta básica, no solo con bienes, sino también con servicios y garantizar un mecanismo eficiente y eficaz para su devolución.
El TEC señala que el plan es insuficiente si no se logra reactivar la economía
El Plan Fiscal que se apruebe requiere de una reactivación económica mediante una estrategia sustentada en una mayor inversión pública, así como la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial, inclusivo y sostenible, así como el fortalecimiento del sector productivo con enfoque regional.
En este sentido, el Gobierno debe aprovechar las capacidades de las universidades públicas, para impulsar el desarrollo, la innovación y competitividad del sector productivo en las regiones que permita mejorar la calidad de vida del pueblo costarricense, la construcción de estrategias territoriales y la disminución de la desigualdad.
El TEC advierte vicios de inconstitucionalidad en el proyecto 20580 que deben ser ajustados
La ley, por muy urgente que sea, debe respetar la Constitución Política. El proyecto 20580 contiene vicios de inconstitucionalidad en materia de educación y afecta la independencia de los poderes del Estado, que deben ser eliminados para evitar su derogatoria por la Sala Constitucional.
Debe excluirse de la aplicación de la regla fiscal a la educación, se ha podido garantizar la atención de los estudiantes gracias a lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política que garantiza fondos para la educación. Por eso es contradictorio que la ley 20850 pretenda debilitar esta obligación constitucional al proponer la inclusión del presupuesto financiamiento del INA en el monto que dispone el artículo 78.
El TEC advierte que modificaciones al empleo público limitarán la atracción y el desarrollo del talento humano idóneo requerido para la función pública
La transformación del sistema de remuneración a montos fijos limitaría la atracción de personal e incrementará el riesgo de la fuga de académicos hacia otras fuentes de empleo
La evaluación del desempeño debe incluir la dimensión cualitativa sustentada en evidencias.
Por la presencia de varias imprecisiones técnicas, se recomienda a la Asamblea Legislativa valorar si el Título referente al empleo púbico debe ser parte de proyecto de ley 20580.
