Decenas de miles de estudiantes, docentes y personas funcionarias se manifestaron esta mañana en la capital en apoyo al Pacto por la Educación Pública [2]. La movilización también sirvió para que las universidades públicas entregaran a la Asamblea Legislativa el diferendo constitucional, para alegar que el monto presupuestado por el Gobierno para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) [3] es insuficiente.
Junto a las universidades públicas se movilizaron sindicatos, federaciones estudiantiles y cerca de 70 agrupaciones sociales de diversa índole. La principal consigna fue abogar por respuestas a la crisis educativa que vive el país en todos sus niveles.
“Como universidad pública, somos parte del sistema público de educación estatal. El sistema universitario también se suma a la manifestación que viene a la defensa del Pacto por la Educación, un pacto que llama la atención sobre la urgencia de atender la crisis educativa que se ha venido perpetuando en nuestro país”, argumentó la rectora del TEC, la ingeniera María Estrada Sánchez.
Una vez terminada la manifestación, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) entregó a la Comisión de Asuntos Hacendarios el diferendo constitucional, un documento que pide a las diputadas y diputados que resuelvan el conflicto con el Poder Ejecutivo en cuanto al monto del FEES para el año 2025. Es la primera vez en la historia del país que el Gobierno es incapaz de llegar a un acuerdo en la definición del presupuesto universitario.
“Con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del FEES se solicita un reconocimiento por costo de vida en el FEES 2025, respecto al FEES 2024, de un 4.06%”, señala el diferendo constitucional.
Las personas rectoras argumentan que la propuesta del Gobierno no es consecuente con lo consignado en el artículo 85 de la Constitución Política que expresa: “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan (PLANES), ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
“En promedio, en los últimos seis años, el FEES (incluida la transferencia a la UTN) ha presentado variaciones muy bajas, incluso inferiores a la inflación, lo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del mismo”, continúa el documento.
Asimismo, CONARE advierte que la propuesta del Gobierno de aumentar en 1% el FEES para el año 2025 “no favorece la sostenibilidad financiera de las Universidades Públicas en el corto, mediano y largo plazo”.
Varias personas diputadas, de diferentes bancadas, se unieron a la manifestación y, después de la misma, varias subieron a la tarima ubicada en la Plaza de la Democracia para manifestar su apoyo a la educación pública. La diputada Paulina Ramírez Portuguez, quien dirige la Comisión de Asuntos Hacendarios, se comprometió a buscar un consenso para un aumento más viable en el presupuesto de las universidades públicas.
