Tomando en consideración que la falta de presupuesto ha tenido consecuencias devastadoras en la calidad de la educación pública: instalaciones en pésimas condiciones, así como recortes monetarios que han afectado becas y comedores escolares, además de un posible conflicto de intereses de la actual ministra de Educación Pública, Ana Katharina Müller con la educación pública y privada, entre otros, las cinco federaciones universitarias (UCR, TEC, UNA, UNED y UTN) interpusieron un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La acción realizada el lunes 29 de julio ante la Sala Constitucional se hizo con el apoyo del Movimiento Estudiantil de Secundaria y considera entre sus principales solicitudes el restablecimiento del 8% constitucional del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación; la garantía presupuestaria para el 2025 y futuros años; y un acceso equitativo a una educación de calidad para todas las personas.
El acto fue respaldado por una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa, en la que las presidentas estudiantiles detallaron particularidades de este recurso.
Según indicó Francini Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes (FEITEC) [2], la reducción en la inversión educativa y los recortes presupuestarios están poniendo en riesgo la calidad de la educación pública con condiciones precarias de instalaciones y falta de recursos que están creando una realidad que afecta directamente a los estudiantes y su capacidad de aprender y desarrollarse plenamente.