El bioderecho es una forma de trabajo que promueve un accionar interdisciplinar entre las ciencias jurídicas (derecho), la ética y las ciencias de la vida (biología, medicina, genética y psicología, entre otras). Para que el derecho sea capaz de llegar a la práctica con una convivencia social pacífica y aceptable, deben trabajar las tres ramas conjuntamente para dar respuestas con fundamentos científicos y con una alta carga valorativa ética y legal. Esta es la manera resumida en la que el experto español José Ramón Salcedo Hernández explica los fundamentos de dicha rama del derecho.
El concepto de la bioética nació en la década de los setentas como una fórmula para reaccionar ante algunos acontecimientos trascendentales que se suscitaron y fueron mediáticos en aquella época. Diversos casos de personas hospitalizadas en estado vegetativo y a quienes se les iba a retirar el respirador artificial; comenzaron a crear en la población, autoridades y comunidad médica una reflexión entre si aquello era una acción correcta o un asesinato; lo cual explica de alguna manera de donde se genera la necesidad del bioderecho.
Otro ejemplo de escándalo de opinión pública que provocó un establecimiento formal esta disciplina fue el conocido como “Experimento Tuskegee” en Estados Unidos, en el cual durante más de 40 años se les aplicaron supuestos tratamientos médicos a personas infectadas con sífilis y a las cuales en realidad se les inyectaban placebos y sustancias experimentales con el objetivo de conocer la evolución natural de la enfermedad en sus organismos, provocando incluso la muerte de varios de los sujetos de estudio.
No obstante a su auge en el periodo antes señalado (años setenta), dentro de la legislación en esta área, existen ciertos consensos y documentos oficiales más antiguos como el Código de Nuremberg (1947) [2], que nació tras los juicios a los que fueron sometidos altos jerarcas y médicos nazis después de los conocidos experimentos realizados con personas prisioneras en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En dicho tratado, se establece -entre sus 10 normas- como punto esencial que siempre debe haber consentimiento voluntario de una persona para probar algún procedimiento. Además, se dicta que un eventual experimento debe ser aplicado únicamente por personas expertas y que el sujeto tiene la libertad absoluta de retirarse en el momento en que así lo decida.
La Declaración de Helsinki [3] fue promulgada a mediados de los sesentas por la Asociación Médica Mundial y al igual que el documento anteriormente mencionado, en ella se establecen principios éticos básicos sobre cómo debe hacerse la investigación en las personas.
Basados en escritos como estos, es que -según explicó la investigadora María Belén Andreu Martínez- cada país regula la investigación biomédica. “Lo más importante es el consentimiento informado de la persona y también que tenga conocimiento de las consecuencias del trabajo experimental o terapéutico. Debe existir, además, una proporcionalidad entre lo que se espera conseguir y los riesgos a los que enfrenta la persona. Siempre se debe procurar que sean mayores los beneficios”, comentó la experta de la Universidad de Murcia.
Tanto Salcedo como Andreu coinciden en que la realidad mundial en la materia es actualmente muy dispareja y que los esfuerzos para que lo investigado en Europa pueda calar en América Latina es una manera de expandir e inculcar la importancia de esta forma de trabajar.
Las declaraciones obtenidas de ambos expertos fueron posibles gracias a su reciente visita a Costa Rica para participar de diferentes actividades enmarcadas en el programa ProHuman Biolaw financiado por la Unión Europea (ERASMUS+KA2).
Este proyecto se encuentra a cargo del consorcio internacional coordinado por la Universidad de Murcia (España), y del que forman parte el Tecnológico de Costa Rica (TEC) [4], la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad de Lille (Francia), las Universidades de la Campania y Federico II de Nápoles (Italia) y las universidades mexicanas de Guadalajara y San Luis de Potosí.
Como parte de este mismo programa, del 26 de septiembre al 6 de noviembre tendrá lugar el curso on-line titulado: “Bioderecho y ambiente”. Esta actividad será realizada de manera únicamente virtual por medio de la plataforma Moodle y entre su contenido estarán los temas: bioderecho y derechos humanos, bioderecho ambiental, ciencia y tecnología en favor del ambiente y desarrollo sostenible.
La inscripción a este curso está dirigida a personas estudiantes y profesionales graduadas o vinculadas en su ejercicio profesional con la materia objeto de estudio, como pueden ser biotecnología, recursos naturales, derecho, ingeniería agrícola, energías renovables, agronegocios, seguridad ambiental, agronomía, economía ecológica, ética y disciplinas afines.
La matrícula es gratuita y limitada para 150 personas. Usted puede realizarla haciendo clic en este enlace. [5]