- Las universidades puede aprovechar la coyuntura nacional para mejorar, agilizar y racionalizar el gasto.Es una buena oportunidad para que las casas de enseñanza superior recobren un lugar protagónico en la solución de los problemas nacionales y ayuden en la recuperación de la economía.También existen riesgos: la crisis económica de los años 80 detuvo por 30 años el crecimiento de la educación superior pública.
Más que un riesgo para el financiamiento de la educación superior, el déficit fiscal del Gobierno Central puede suponer una serie de oportunidades para las universidades estatales. Esta fue una de las conclusiones más sobresalientes a las que llegaron expertos de cuatro de las cinco casas de enseñanza superior públicas en el país, en el conversatorio: “Déficit fiscal y los efectos en las universidades públicas”.
“Para las universidades, más que un riesgo lo veo como una buena oportunidad, en varios sentidos. Una es una reforma hacia adentro, de cómo podemos usar mucho mejor nuestro presupuesto para producir lo que la universidad tenga que producir (...). Es decir, ¿cómo logramos cierta eficiencia?
“Por otro lado, ¿cómo contribuimos al tema fundamental que nos tiene aquí (el déficit fiscal)? Con este tema contable resulta que lo que es fundamental es que el crecimiento del PIB es muy bajo, si el PIB estuviera creciendo al 4%, 5%, no estaríamos en estos temas. Y yo creo que las universidades pueden contribuir mucho a que los sectores productivos produzcan más”, comentó el doctor Jeffry Orozco, especialista por la Universidad Nacional (UNA).
Una tesis que atrajo a los demás panelistas, aunque no dejaron de lado el hecho de que sí existen riesgos de que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -el presupuesto que se distribuye para TEC [2], UCR [3], UNA [4], UNED [5] y Universidad Técnica Nacional (UTN) [6]- pueda detener su crecimiento o incluso verse reducido en los próximos años.
“Hay que entender el papel fundamental que tiene la universidad pública en generar nuevos campos de acción en innovación y en tecnología. Entonces, cortar el gasto a las universidades, a la larga, no es la mejor medida”, argumentó Víctor Manuel Garro, profesor de la Cátedra de Economía de la Escuela de Administración de Empresas [7] del TEC.
Asimismo, Garro planteó el tema de “racionalizar” el presupuesto en las universidades, de forma que no se recorte pero sí se busque la utilización más ágil de los fondos, con medidas como: combinar mecanismos de compra entre las cinco universidades estatales, mejorar los trámites administrativos y desarrollar programas de estudio (como carreras y posgrados) en conjunto.
Una visión similar la del doctor Federico Quesada, presente por la Universidad estatal a Distancia (UNED), quien destacó la importancia de medir la productividad y demostrar el aporte que dan las universidades a la sociedad.
“Obviamente el presupuesto (para las universidades) no puede crecer a los niveles que viene creciendo, sería el primero en aceptarlo. Sin embargo, yo pediría que el crecimiento fuera positivo, porque sí considero que, aunque los elementos multiplicadores que las universidades les proporcionan a la sociedad no están medidos, sí hay un impacto fuerte”, acotó Quesada.
Esta actividad, desarrollada el miércoles 21 de octubre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue organizada por el Programa Estado de la Nación [8] y la Subcomisión de Difusión Informe Estado de la Nación.
El doctor Jorge Vargas Cullell, director del Estado de la Nación, fungió como moderador del conversatorio.
Los riesgos.
“Una situación fiscal de este tipo, si realmente se traduce en una reducción del aporte del Gobierno Central a las universidades, podría conducir a una situación parecida a la que se dio hace unos 20, 25 años, y es que las universidades públicas, con excepción parcial de la UNED, respondieron a los menores recursos básicamente estancando o disminuyendo la matrícula. Y esa fue la base para la extraordinaria expansión de las universidades privadas”, destacó el doctor Iván Molina, de la UCR.
Respecto a este fenómeno, el experto también expuso datos concretos: “en el caso de la Universidad de Costa Rica, la importancia de este proceso se puede ver en estos datos: la Universidad, antes de la crisis del 80, había llegado a tener casi 30.000 estudiantes y solo volvió a recuperar esa cifra de estudiantes hasta el 2004”.
Más que en números de matrícula, concordaron los especialistas, la labor de la universidad debe ser valorada por su aporte al desarrollo del país.
“La inversión pública (en universidades), que alguna gente visualiza meramente como un gasto, pero que en realidad nosotros deberíamos entender que es un proceso por el cual se nos establece la oportunidad de generar mejores condiciones para la sociedad costarricense, debería presentarse a los diferentes tomadores de decisión y a los diferentes sectores políticos del país, a través de una adecuada rendición de cuentas. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en el Tecnológico en materia de innovación, en materia de investigación? ¿Cuánta de nuestra investigación da pie para nuevas patentes, para nuevas licencias, para nuevos procesos?”, recapituló Garro.