La apliciación de la Regla Fiscal- señaló el acuerdo- trae consecuencias  negativas en la formación, investigación y extensión en la ciencia y tecnología impulsada por el TEC, y en específico se tienen medidos los efectos en:

"1.    Una grave afectación en los requerimientos reales del TEC para seguir ofreciendo calidad en la formación, investigación y extensión científico-tecnológica.

2.    Crecen las demandas del país en nuevas carreras en ciencia y tecnología y nuevos recintos regionales; el TEC con generación de recursos propios en atracción de fondos y transferencias del Gobierno disponibles y por el contrario, una regla fiscal que limita el gasto y no permite invertir en desarrollo.

3.    Límites de crecimiento que impiden atender las actividades sustantivas y de desarrollo del TEC y de su planificación estratégica del 2022 al 2026 y las proyecciones plurianuales.

4.    Necesidades estudiantiles sin poderse atender a pesar de la disponibilidad de recursos.

5.    Imposibilidad de ejecutar gastos a pesar de tener los ingresos.  Una acción de recorte y no para responder a objetivos de eficiencia y eficacia, tal como lo exige la Ley 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

6.    Una sostenibilidad económica en riesgo para atender la calidad académica y el desarrollo de conocimiento científico-tecnológico del talento humano presente y futuro.

7.    Una capacidad financiera cada vez más debilitada que ha estado afectando la operación general del TEC.

8.    Límites de operación que comprometen un regreso a la presencialidad con calidad y excelencia en todas las áreas de trabajo, aprendizaje, investigación y extensión.

9.    Los ciclos de reposición de equipos para atender la capacidad docente, de investigación y extensión totalmente en riesgo

10.    La Regla Fiscal de Costa Rica acerca aún más al país a imposibilidades de alcanzar los niveles de la OECD, en cuanto a personas con educación superior, en particular, con población de alta vulnerabilidad y en ciencia y tecnología.

11.    La Regionalización Universitaria Pública enfrentará un gran retroceso y con el peligro de sectorizar en la Gran Área Metropolitana las opciones a la educación superior, en especial con la población más vulnerable.

12.    La planificación de la Educación Superior Pública enfrentará un gran retroceso como sistema.

13.    El trabajo conjunto de las Universidades Públicas para fomentar la docencia, investigación, extensión y acción social en las regiones está en riesgo y con grandes posibilidades de no poder unirse con recursos a los planes territoriales.

14.    Una formación basada en la innovación y el emprendimiento no tendrá los recursos necesarios, ni en inversión ni en operación".

A continuación, el acuerdo en su totalidad: