En un informe del Estado de la Educación titulado «¿Cómo garantizar la supervivencia sin desvirtuar la misión de las universidades públicas?», presentado en abril, se revela un panorama financiero bastante sombrío y preocupante para los centros de enseñanza superior.

El análisis describe escenarios críticos, esboza restrictivas medidas administrativas tendentes a reducir gastos y recalca la extrema urgencia de explorar nuevas fuentes de ingresos, tales como el cobro diferenciado de matrícula, aumento en la venta de servicios y uso de empresas auxiliares. Sin embargo, no menciona la filantropía como mecanismo proveedor de recursos monetarios.

Universidades establecidas hace centurias han recibido ayuda financiera de diferentes benefactores a lo largo de su historia y, producto de ello, han contribuido a las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas.

Un 35 % de 30.000 fundaciones se dedica prioritariamente a apoyar la enseñanza, detalla un estudio publicado en el 2018 por la Universidad de Harvard, entidad cuyo renombre le facilita obtener $3 millones diarios.

Después de la Segunda Guerra Mundial se volvió más evidente el interés académico por crear nuevos conocimientos para un futuro mejor, los cuales usualmente no pueden ser costeados por los gobiernos. De ahí, la búsqueda de financiamiento adicional en los filántropos.

El reto consiste en garantizar que esos recursos financieros, considerados por muchos como fundamentales, no deformen las misiones y prácticas universitarias, como en 1969, cuando en plena guerra de Vietnam, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el afamado MIT, tuvo dos «laboratorios especiales» (Lincoln & Instrumentation Laboratories) dedicados a la investigación bélica, que le significaban la mitad de sus ingresos totales.

Tras una intensa discusión, prevaleció el interés académico, pero no sin que hubiera una extensa argumentación técnica, fuertes enfrentamientos verbales y hasta disturbios dentro del campus.

Nuestro país genera proyectos con la calidad adecuada para recibir financiamiento internacional. Hay esfuerzos de consecución de fondos no estatales, pero sin la determinación y el enfoque de instituciones líderes capaces de lograr hasta el 30 % de los montos para la investigación.

Un desestímulo a todos los involucrados es la maraña legal y reglamentaria del proceso. Como muestra, la regla fiscal obliga a no excederse del presupuesto, pero, paradójicamente, no permite generar más ingresos propios.

El contexto fuerza a los investigadores, independientemente del área, a concursar externamente, originando una mayor competitividad y, en consecuencia, un incremento cualitativo en las propuestas por presentar. Desde luego, será menester competir de forma constante en diferentes convocatorias con vistas a lograr la aprobación.

Otra fuente complementaria de financiamiento son las donaciones específicas, las cuales requieren una atención muy personal con el donante y, a su vez, deben, obviamente, revisarse minuciosamente su origen e intención.

Como reitera el informe citado al comienzo de este comentario, «las universidades públicas no podrán cubrir el gasto total en el 2022», por tanto, urge una transformación en la mentalidad, cultura y organización de estas para financiar y mantener vigentes aspectos académicos esenciales mediante el apoyo filantrópico.

*Este artículo se publicó de forma original por su autor en el periódico La Nación en la edición del 8 de setiembre.

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