El Consejo Institucional [2] del Tecnológico de Costa Rica [3], en la sesión ordinaria No. 3204 del 17 de febrero de 2021, acordó un nuevo pronunciamiento sobre el Proyecto “Ley Marco de Empleo Público”.
En este acuerdo reitera que el Proyecto “Ley Marco de Empleo Público”, Expediente Legislativo No. 21.336:
- Atropella gravemente la Constitución Política y la Autonomía Universitaria, al someter a las Universidades Estatales bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo, en la figura del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) o al Servicio Civil.
- Atenta contra la independencia de las Universidades Públicas, para darse su estructura organizativa propia y el esquema de autogobierno.
- Pasa por alto la disposición del artículo 192 de la Constitución Política, que reconoce expresamente “excepciones al estatuto del servicio civil”.
- Desconoce el derecho constitucional a la negociación y firma de convenciones colectivas y atropella derechos laborales consolidados, de las personas funcionarias públicas.
- Afecta significativamente la gestión del talento humano, como elemento estratégico para el cumplimiento de la misión de las diferentes instituciones, que se pretende cubrir con esa ley, en general, y de las Universidades Estatales en particular.
- Presenta otras situaciones de claro roce constitucional, por la inobservancia del régimen de autonomía administrativa de las Municipalidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
- Desconoce la relevancia de la participación estudiantil en el quehacer de la academia y en el desarrollo de las personas que la realizan.
En el acuerdo, se solicita a los Rectores de las Universidades Estatales que, en el seno del Consejo Nacional de Rectores (Conare) [4], intensifiquen las gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de manera que las universidades públicas sean retiradas de este Proyecto. Además, que promuevan acciones de presión, no violentas, que permitan a las Comunidades Universitarias expresar su desacuerdo con este proyecto, y así hacerlo sentir a las Autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En este mismo sentido, el Consejo Institucional [2] solicitó al rector del Tecnológico de Costa Rica [3], Luis Paulino Méndez Badilla, intensificar su participación en las gestiones que el CONARE desarrolle ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en procura de que las Universidades Estatales sean retiradas del Proyecto.
Asimismo, que promueva, a lo interno de la Institución, la adopción de estrategias, que permitan a la Comunidad Institucional ejercer medidas de presión, no violentas, ante esos mismos poderes de la República.
Este es el acuerdo completo: