La Oficina de Comunicación y Mercadeo no toma como suyas, las opiniones vertidas en esta sección.
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Con la aproximación de las elecciones presidenciales, se pone de nuevo el protagonismo de los partidos politicos, las características de sus discursos y por supuesto la ideología que estos expresan durante su campaña política.
La contienda electoral que parece dista de aquella algarabía o inclusive cobertura mediática, pone una vez más en la palestra el rol de la religión y las creencias que estas conllevan en el plano político.
A pesar de que ningún candidato presidencial se ha expresado explicitamente sobre ésta temática, el panorama en el lado legislativo parece conjugará una vez más religión y política. Actualmente Costa Rica es una de las pocas naciones que aún se mantiene como un estado confesional, es decir que profesa una religión de manera oficial.
El cambio a un estado laico y no profesar oficialmente ninguna religión, conlleva un proceso justo que el país no debe postegar más. Es cada día más imperante la necesidad de que el Estado costarricense pueda evolucionar hacia una sociedad más igualitaria en el campo religioso.
A pesar de la libertad de poder profesar cualquier religión, los aportes financieros del Estado con la iglesia católica siguen siendo constantes año con año así como la inclusión de esta religión en la Constitución y otros aspectos propios del accionar estatal.
La situación fiscal del país y la ayuda que se brinda a la iglesia católica genera la duda sobre el control que realmente se está haciendo. ¿Porqué se cuestiona tanto a las universidades públicas y nunca al aporte estatal hacia la iglesia? A pesar de que el porcentaje de aporte entre cada uno mantiene diferencias considerables, los cuestionamientos se dan siempre para la educación y no al religioso.
La tendencia en Latinoamérica de ser un estado confesional y que no se exprese ninguna religión oficial, ha dejado a Costa Rica como el único país del área con una religión oficial estatal; aspecto que parece ha entrabado temas claves como la fecundación invitro, derechos de la población LGBTI, aborto terapeútico, entre otros, bajo la influencia de ideologías religiosas y que han logrado ya penalizar al país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá de la ideología dominante en la próxima Asamblea Legislativa, es de relevancia reconocer la salida que la religión no asegura el eliminar los valores que como sociedad debemos fortalecer cada día más. Es el que se deba seguir adelante acorde a la evolución social y la importancia de poner a todos los credos filosóficos y religiosos en la misma condición.
El laicismo llama a una postura universal de respeto al pensamiento y de la creencia religiosa o del hecho de no tener ninguna. La igualdad de los ciudadanos independientemente de su postura frente al fenómeno religioso, es parte esencial de igualdad ante la ley y de un Estado de Derecho que debe crecer aun más en el país.
Para la contienda electoral, la mezcla entre religión y política propone entre otros riesgos un voto permeado más por un dogma que por los verdaderos argumentos que deben preocupar al país. La influencia religiosa –sea cual sea– debe ser nula desde el proceso electoral y en todas las acciones que como Estado se hace.
El laicismo empieza por nosotros; por eso vote, pero vote de manera consciente y no de modo tal que su religión influya en esta importante decisión que nuevamente nosotros como ciudadanos tenemos en nuestras manos.