Para el estudio, los investigadores identificaron cinco “puntos calientes” que pueden estar relacionados con el tráfico y que generan presión sobre las áreas protegidas.

Estos puntos son el área de Conservación Osa en Costa Rica: las Reservas de la Biosfera Xiriualtique-Jiquilisco, en El Salvador; Darién-Comarca Emberá-Wounaan, en Panamá, y la Biosfera Maya en Guatemala.

En cuatro de estos sitios, excluyendo a Costa Rica, hay una reducción en la cobertura de vegetación y aumentos en las zonas de agricultura y cobertura herbácea, que llevan a una pérdida neta de funciones y de los servicios ecosistémicos que tiene estas zonas.

Para esto, los investigadores buscaron patrones para ver cómo el tráfico ilícito de drogas estaba relacionado con la deforestación y encontraron que los narcos han instaurado patrones de control de tierra para poder traficar, y hacer sus negocios mediante la legitimación de capitales en minería, cultivos y otros.

En este control territorial, los investigadores señalaron como ejemplo, las pistas de aterrizaje clandestinas y el daño causado a áreas que son protegidas en Centroamérica.

Asimismo, la investigación destaca los índices de violencia así como los datos de cambio de uso de suelo, brindados por el Atlas Mundial de Justicia Ambiental, entre otros indicadores, que muestran las rutas más utilizadas, las cuales son controladas en un 90% por carteles mexicanos.

El marco de la investigación destaca que los países centroamericanos destinan menos del 1% de sus presupuestos a las áreas protegidas; siendo Costa Rica el que más destina con un 0,22% de su presupuesto.